A tres días de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer con una marcha en la que miles de mujeres salieron a interpelar al Estado por su falta de decisión política para garantizar su derecho a vivir una vida libre de violencia, somos testigos de un nuevo caso de abuso sexual a una adolescente de quince años en una institución educativa particular en el Centro de Quito.

De acuerdo a la información proporcionada en medios de comunicación, la estudiante habría vivido situaciones de acoso previas por parte del conserje de la institución educativa Francisca de las Llagas, situación que no solo no generó alarma en sus autoridades, creando así un terreno fértil para que el abuso sexual se produzca, sino que facilitó que este presunto pederasta se dé a la fuga. Patrones recurrentes en estos casos.

Es inaceptable que la violencia sexual siga ocurriendo en el ámbito educativo. Atrás quedaron la consternación e indignación generalizadas que causaron los cientos de casos de abusos sexuales que sufrieron nuestras niñas y niños en sus espacios educativos, mismos que motivaron la creación de la Comisión AAMPETRA, en un esfuerzo desesperado por evitar que este fenómeno social violento siga sucediendo. Una Comisión que interpeló a las autoridades de gobierno y que buscó, a través de la emisión de un informe con sendas recomendaciones, evitar que la población infanto-juvenil siga siendo violentada sexualmente en sus espacios educativos, pero que en la práctica sin que nadie exija que las mismas se cumplan, no hizo más que volver más listos a sus agresores.

Dos años han pasado desde que el informe de la Comisión AAMPETRA fue emitido, tiempo suficiente para haber cambiado la cultura escolar en materia de violencia, para haber modificado leyes y reglamentos a favor de nuestros niños y no de sus agresores, para que de forma articulada las entidades de gobierno puedan garantizar su protección efectiva y eficaz. Tiempo suficiente para que el abuso sexual deje de ser una amenaza en el sistema educativo.

Las instituciones educativas siguen siendo pésimos agentes de protección, la impunidad es especialmente significativa en la violencia sexual en los contextos de la educación. La falta de información, la desprotección frente a las amenazas de los agresores, las lealtades gremiales que los privilegian, la ausencia de normas administrativas y disciplinarias con perspectiva de género y de procedimientos especiales de prevención y control en las instituciones educativas, entre otros, son factores que impiden el acceso a la justicia para las víctimas de la violencia sexual en los espacios educativos.

De qué nos sirve, contar con un extenso marco normativo, con rutas y protocolos de actuación, cuando la indolencia y apatía se mimetizan en la vida cotidiana de quienes no solo intervienen en los procesos de formación de los y las estudiantes sino de quienes lo sostienen, supervisan y aplican.

Por esta razón, es necesario insistir en la obligación de aplicar todos los instrumentos legales, Constitución, Código de la Niñez y Adolescencia, Código Orgánico Integral Penal -y demás normativa- para que se proteja a las niñas, niños y adolescentes y se sancione, con todo el rigor, al agresor y a los posibles cómplices en este lamentable hecho.

En este contexto, y en el marco de sus competencias y atribuciones, el Consejo de Protección de Derechos:

EXHORTA al Estado como garante de derechos -especialmente al Ministerio de Educación- a dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en los instrumentos internacionales de derechos humanos, como la Convención sobre los Derechos del Niño, Constitución del Ecuador, Código de la Niñez y Adolescencia para la garantía y protección de las niñas, niños y adolescentes en el sistema educativo, donde la prevención de estos delitos es de especial relevancia, dado la gravedad de los mismos.

EXIGE a las autoridades del MINEDUC a que reconozcan que por las características de la violencia sexual en las instituciones educativas se requiere de procedimientos especiales para la denuncia, investigación y proceso judicial. En el caso particular de la institución Francisca de Las Llagas, investigar si la institución denunció oportunamente y, de no ser así, valorar su intervención y sanción.

RECONOCE la actuación, responsable, ética y comprometida de la docente frente a este hecho de violencia y la activación correspondiente para garantizar la protección de la estudiante.

SOLICITA al Sistema de Justicia intervenir de manera ágil, efectiva y eficiente para garantizar la reparación integral a la adolescente y que se aplique todo el rigor de la ley al victimario y posibles cómplices. Reconociendo que el acceso a la protección judicial es la segunda línea de defensa para la erradicación de la violencia contra los niños, niñas y adolescentes.

INSTA a la comunidad educativa a actuar como buenos agentes de protección, reconociendo que la escuela no solo debe circunscribirse a actuar frente a casos de violencia, pues es un lugar idóneo para la prevención, para enseñar a nuestros niños, niñas y adolescentes a cuidar sus cuerpos, a respetar y hacer respetar sus derechos y los de sus compañero/as, y así contribuir a que sus derechos a una educación inclusiva, libre de actos de violencia, en establecimientos seguros, entre otros, sean resguardados.

El Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito seguirá vigilante de este caso y de todos aquellos que requieren una respuesta oportuna y eficiente por parte del Estado como responsable de la integridad y desarrollo de nuestras niñas, niños y adolescentes.

 

Gissela Chalá Reinoso                                                                                                                            Sybel Martínez Reinoso

PRESIDENTA DELEGADA DEL                                                                                  VICEPRESIDENTA REPRESENTANTE DE SC

ALCALDE AL CONSEJO