Como representantes de los Consejos Consultivos de niñas, niños y adolescentes, jóvenes, personas adultas mayores, mujeres, personas de diversidades sexo-genéricas, personas con discapacidad, personas en situación de movilidad humana, pueblos y nacionalidades indígenas y afroecuatorianos, naturaleza y animales, vemos con gran preocupación la propuesta del Estatuto Autonómico presentada por el Dr. Jorge Yunda Machado, alcalde del DMQ, el pasado 18 de febrero.

Todos los ciudadanos y ciudadanas que habitamos en Quito tenemos no solo el anhelo sino también el derecho a vivir en una ciudad justa, humana, solidaria, inclusiva, sana, segura, libre de violencia y con igualdad de oportunidades; un espacio colectivo culturalmente rico y diverso que pertenezca a todos sus habitantes, donde la democracia sea una vivencia cotidiana y se garantice su biodiversidad. En este sentido, el Estatuto Autonómico de Quito no solo debería ser un instrumento regulador sino de transformación, que establezca la forma de organización y desarrollo de la ciudad, sin descuidar el conjunto de valores, aspiraciones o necesidades de quienes habitan en ella.

Este documento debe constituir una oportunidad tangible para asumir con decisión y responsabilidad el destino de la ciudad de Quito, cuyo principal objetivo sea la consecución de una vida digna para todas y todos sus habitantes. La elaboración de este nuevo texto estatutario permitiría, entonces, fortalecer la democracia, la participación, la convivencia armónica y una cultura de paz; la capacidad de repensar a la ciudad a través de un modelo de gestión integral, priorizando el interés social, cultural y ambiental de sus habitantes, de los animales y naturaleza; abogando por el compromiso social del sector privado, impulsando a la economía solidaria, el acceso a vivienda y al empleo digno.

Siendo que el Estatuto Autonómico sería el instrumento legal que oriente los destinos de la Ciudad, y ya que somos las y los ciudadanos de Quito quienes mejor conocemos nuestras necesidades y requerimientos, como Consejos Consultivos, hemos decidido, desde un enfoque de derechos, realizar aportes al borrador estatutario, documento base que tal y como está planteado disocia la posibilidad de ejercicio de un poder político propio y el reconocimiento de derechos humanos y libertades fundamentales.

Consideramos que la propuesta presentada -además de promover la desestructuración de un modelo de ciudad, de no clarificar la articulación entre los distintos niveles de gobierno y limitar la democracia participativa, representativa y comunitaria de sus habitantes, entre otros- es regresiva de derechos, debido a la inexistencia a lo largo de todo el documento de unos mínimos que garanticen el bienestar social de todas y todos sus habitantes como premisa previa para acceder a la condición de ciudadanas y ciudadanos, no vecinos – tal como plantea la propuesta-, constituyendo así, una amenaza para la garantía y protección de derechos en el territorio urbano y rural del Distrito Metropolitano de Quito.

Por esta razón, y haciendo uso del derecho que nos asiste como ciudadanas y ciudadanos de Quito, demandamos la reformulación integral del Estatuto Autonómico, proceso que deberá contar con la participación amplia, plural y diversa de todas y todos, a fin de incluir no solo los principios de garantía y protección de derechos establecidos en el ordenamiento jurídico nacional vigente y en el gran andamiaje internacional en materia de derechos humanos, sino para garantizar su progresividad y no regresión.

En el marco de nuestra demanda frente a la propuesta borrador del Estatuto Autonómico exigimos:

  • Establecer como objetivo principal el reconocimiento, protección y garantía de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de sus habitantes; animales y naturaleza; contemplando para ello el diseño, implementación y aprobación de medidas legislativas y normativas a fin de constituir a Quito como un territorio de derechos.
  • Recoger los avances normativos de la legislación nacional, local e internacional en lo referente a la promoción y protección de derechos. Estableciendo nuevos y más eficaces mecanismos para su garantía, exigibilidad y goce efectivo.
  • Utilizar un lenguaje inclusivo, que reconozca y visibilice la importancia del rol del 51% de la población de Quito, las mujeres. Con enfoque de género, tal como loa hace la Constitución y demás normativas.
  • Garantizar la plurinacionalidad. Principalmente en lo referido a comunas y comunidades, como una forma de régimen especial territorial ancestral, y la continuidad histórica del Pueblo Kitu Kara.
  • Garantizar la interculturalidad con los pueblos y nacionalidades indígenas, pueblos afroecuatorianos y montubios que habitan en el Distrito Metropolitano de Quito.
  • Reconocer y ratificar al Sistema de Protección Integral de Derechos, y sus organismos, tal como lo establece la Constitución y el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización, para la garantía y protección de derechos de los grupos de atención prioritaria, en situación de riesgo y/o vulnerabilidad, naturaleza y animales en el Distrito Metropolitano de Quito. En articulación con los otros sistemas sectoriales como salud, educación, justicia, etc.
  • Garantizar la transversalización de los enfoques de género, intercultural, intergeneracional, de discapacidad y de movilidad humana, en todos los instrumentos de política pública que se deriven del Estatuto, y su implementación en el Distrito Metropolitano de Quito.
  • Reconocer el derecho a las familias en su diversidad.
  • Establecer la obligatoriedad de la responsabilidad social del sector privado en la erradicación de la pobreza y la reducción de brechas sociales de desigualdad, e impacto ambiental, en el Distrito Metropolitano de Quito.
  • Reconocer y garantizar los derechos de la naturaleza.
  • Reconocer a los animales como seres sintientes, y garantizar su protección.
  • Fortalecer la participación ciudadana, el tejido social y la democracia a través de los mecanismos de democracia directa, representativa y comunitaria. Acorde al nuevo Código de la Democracia que garantiza la paridad. Dado que la democracia no puede ejercerse a través de ternas presentadas por el ejecutivo de la Ciudad, no puede limitarse a la voluntad de la autoridad local.
  • Garantizar el derecho a una vida libre de violencia, en especial a mujeres, niñas, niños, adolescentes y a toda la población que habita en el Distrito Metropolitano de Quito, sin discriminación alguna.
  • Ratificar al Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito como el organismo del Sistema de Protección Integral encargado de la protección y promoción de derechos de los grupos de atención prioritaria, naturaleza y animales, de acuerdo a la normativa nacional y local vigente.

Finalmente, hacemos un llamado a las y los ciudadanos y a las organizaciones de la sociedad civil a estar atentas y a cumplir con su rol de corresponsabilidad en el proceso de elaboración de este documento. El futuro de la ciudad y de sus habitantes así lo demandan.

Sybel Martínez

Vicepresidenta del Consejo de Protección de Derechos y Consejera por niñez y adolescencia