Quito, 26 de febrero de 2020
En días pasados, mediante los medios de comunicación, conocimos que profesionales de la salud del Hospital Pediátrico Baca Ortiz acudieron a la Comisión Permanente del Derecho a la Salud de la Asamblea Nacional para solicitar su intervención inmediata ante los recortes presupuestarios que estaría enfrentando este hospital emblemático que abrió sus puertas por primera vez el 14 de julio de 1948 y que se constituyó en el mejor Hospital Pediátrico del país y centro de referencia nacional e internacional, tanto por su capacidad, cuanto por su eficiencia.
Según lo señalado en su intervención, los médicos temen que la calidad de este hospital -tan necesario para niños, niñas y adolescentes- se deteriore, pues los recursos actualmente asignados no serían suficientes para cumplir con los requerimientos de atención de esta población en situación de vulnerabilidad; además, han añadido: “Las problemáticas de recursos y abandono de nuestra casa de salud es grave” “No podemos seguir en abandono. La vida de niños está en juego”.[1]
Resulta preocupante la posibilidad de que el eje de salud sea afectado por los recortes que se estarían realizando a este hospital especializado en niñez, pues impactaría directamente en la disminución de personal médico, atenciones y tecnología adecuada, con lo cual se afectaría también el ya débil Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral a Niñez y Adolescencia garantizado en la Constitución (art. 341) y otras leyes, como el Código Orgánico de Niñez y Adolescencia.
También es necesario recordar que la Constitución de la República manifiesta que el ejercicio de los derechos se rige por diversos principios, entre ellos, el principio de progresividad (Art. 11. 8) y, en el caso de la protección a niños, niñas y adolescentes, por los principios de interés superior y prioridad absoluta, entre otros. Por tanto, el Estado debe generar y garantizar las condiciones necesarias para el pleno reconocimiento y goce de los derechos a través de servicios, políticas públicas, asignación de recursos, etcétera.
En este marco, ante el posible recorte del presupuesto del Hospital Baca Ortiz, el Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito, en cumplimiento de sus competencias y atribuciones:
EXHORTA al Estado Ecuatoriano a garantizar los recursos suficientes y oportunos para cumplir con los derechos de atención de salud que requieren las niñas, niños y adolescentes que son atendidos/as en el Hospital pediátrico Baca Ortiz y en otros centros del Sistema Nacional de Salud.
RECUERDA: al Gobierno Central que, conforme lo establecido por el Comité de Derechos del Niño en su Observación General No. 14 (20013) sobre el derecho del niño a que su interes superior sea una consideración primordial, párr. 10, 13 y 14, siempre que se tenga que tomar una decisión que afecte a un niño en concreto, a un grupo de niños o a los niños en general, ya sea en el marco de procedimientos administrativos, judiciales o aprobación de leyes, políticas, estrategias, programas, planes, presupuestos o directrices relacionadas a este grupo de atención prioritaria, el proceso de adopción de las decisiones deberá incluir una estimación de las posibles repercusiones (positivas o negativas) de la decisión en el niño o los niños interesados.
INSTA a la Asamblea Nacional a que, en el marco de sus competencias, fiscalice y asegure que sean asignados los recursos necesarios y suficientes para la provisión de servicios de salud a fin de garantizar lo estipulado en la Constitución y demás normativa que garantiza y protege derechos de los grupos de atención prioritaria, particularmente de niñez y adolescencia.
Que se concrete el compromiso de los Asambleístas de la Comisión de Salud, de “buscar respuesta y solución a esta problemática”, pues “no se puede permitir que se recorte el presupuesto y se minimice la atención de la niñez”; es decir, que “se afecte la atención a un sector prioritario, como es la niñez”. El compromiso debe ser de todas y todos los Asambleístas.
INVITA a las organizaciones sociales, defensores/as de derechos humanos y ciudadanía -en general- a estar vigilantes de las políticas públicas que podrían poner en riesgo el ejercicio y garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes y a exigirlas en caso de que éstas generen vulneraciones a sus derechos.
El Consejo de Protección de Derechos estará vigilante de la respuesta del Estado ante esta alerta realizada por la Comisión del Hospital Baca Ortiz, que pone en riesgo la salud y la vida de las niñas, niños y adolescentes del Distrito Metropolitano de Quito.
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Gissela Chalá Reinoso PRESIDENTA DELEGADA DEL ALCALDE AL CPD |
Sybel Martínez Reinoso VICEPRESIDENTA REPRESENTANTE DE LA SOCIEDAD CIVIL AL CPD
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[1] Publicado en: https://www.edicionmedica.ec/secciones/salud-publica/medicos-denuncian-que-hospital-baca-ortiz-atraviesa-graves-problemas-por-recorte-presupuestario-95346
https://www.eltelegrafo.com.ec/contenido/etiqueta/3/hospital%20vaca%20ortiz
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