16 de febrero de 2019
Veintiocho niñas y niños de la Institución Educativa Fiscal Mejía habrían sido presuntamente torturados por su docente Ana María S.L. durante los años lectivos 2017-2018 y 2018 -2019.
Según referencia de los niños y niñas, por ponerse de pie, eran tapados la boca con cinta adherente y amarrados a sus escritorios de manos y pies durante horas. Así mismo, relatan que la docente ponía en una mamadera leche con ají y les amenazaba con ponerles un pañal y obligarles a tomar este brebaje si hablaban. Cuatro de ellos habrían sido maltratados físicamente de manera constante dentro del aula, “…los pegaba con una correa si se portaban “mal”, les soplaba máchica en la cara e incluso obligó a un niño a comérsela haciendo que se ahogue, a este mismo niño le propinaba sendos correazos, dejándole marcas en su espalda. La maestra también hacía comentarios discriminatorios, refiriéndose de manera particular a un niño afrodescendiente como delincuente…”
A fin de garantizar su silencio, los amenazaba diciéndoles que tenía muchos contactos, que metería presos a sus papás y que también los mataría. Según versión de los niños, otros docentes veían lo que sucedía y no hacían nada para impedirlo. Durante dos largos y tortuosos años estos niños y niñas padecieron lo indecible en manos de su agresora.
A inicios del presente año lectivo, la nueva docente de sexto EGB dio la voz de alarma tras ser cuestionada por los niños si ella también los iba a amarrar o pegar.
Con esta voz de alarma, en octubre del 2019, los padres de uno de los niños más afectados denunciaron el hecho al Rector de la institución educativa, quien a su vez trasladó la denuncia al Distrito. La denuncia también fue puesta en conocimiento de la Subsecretaría de Educación y de la Junta Metropolitana de Protección de Derechos Zona Centro, ninguna de las entidades aquí mencionadas derivó el caso a Fiscalía.
La Junta de Resolución de Conflictos aperturó un sumario administrativo y separó a la docente por 90 días, tiempo en el cual realizó las investigaciones respectivas, sin encontrar indicio alguno de maltrato. En la resolución alegan falta de pruebas, pese a que en la historia clínica de uno de los niños se lee con claridad “la sintomatología clínica y proyectiva puede dar pautas de los posibles tipos de violencia a los que el paciente fue sometido por su docente, es necesario colocar el caso en manos de las autoridades competentes…”. A pesar de la contundencia del diagnóstico, la docente fue restituida en el cargo.
Cuando las agresiones son colectivas, como en el presente caso, las niñas y niños sienten cerrada toda vía de escape, las amenazas -así como el temor a hablar y a que algo malo suceda- los paraliza y afecta enormemente. Si además estas agresiones son constantes y desmedidas, terminan viendo al agresor(a) como alguien verdaderamente poderoso (a), quien cumplirá sus profecías; por lo que no es raro que en un acto de desesperación, como refieren los padres de las niñas y niños maltratados en este caso, ellos hayan buscado formas extremas (intentos de suicidio) para evitar seguir siendo forzados al sufrimiento.
Es obligación del Estado proteger los niños y niñas de toda forma de violencia, discriminación, tortura, tratos crueles inhumanos y degradantes, tomando las acciones necesarias y oportunas para prevenir y evitar, por todos los medios y con el estándar más alto, que su integridad personal se vea afectada.
Las sanciones corporales y psicológicas, atentatorias a la dignidad de los niños, niñas y adolescentes, incluidas las sanciones colectivas y toda medida que implique exclusión o discriminación del o los estudiantes están expresamente prohibidas en el Ecuador.
En este marco, y frente a este caso de maltrato colectivo en la Institución Educativa Fiscal Mejía, el Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito, en cumplimiento de sus competencias y atribuciones:
RECHAZA éste y todos los casos de maltrato que de forma sistemática continúan evidenciándose en el sistema educativo, así como las decisiones de aquellas autoridades que los resuelven a favor de los(as) victimarios(as) y no de las víctimas.
EXHORTA al Estado ecuatoriano a garantizar que las niñas, niños y adolescentes se desenvuelvan en ambientes educativos sanos, seguros libres de violencia y con igualdad de oportunidades. Previniendo y atendiendo todo acto que vulnere sus derechos, en especial su integridad física y psíquica.
INSTA al Ministerio de Educación a que eleve a la violencia escolar en todas sus formas y manifestaciones a la categoría de reto educativo, social y de salud pública, diseñando e implementando políticas públicas integrales de promoción y atención de este fenómeno social violento.
Reconociendo que los espacios educativos son contextos altamente jerarquizados, que exigen normas y procedimientos especiales para la denuncia, investigación y proceso judicial. Redoblando esfuerzos para monitorear y supervisar el desempeño de las instituciones educativas, públicas y privadas, estableciendo registros y desarrollando estadísticas que permitan dimensionar la magnitud de la problemática.
Particularmente en el caso motivo de este pronunciamiento, suspenda a la docente y presente la respectiva denuncia en su contra a Fiscalía, al tiempo que investigue el accionar de las autoridades y docentes de la institución educativa y de la Dirección Distrital 17D04.
Recordamos a esta cartera de Estado que, en junio del 2018, en esta misma institución educativa el subinspector J.R. Camacho puso en fila a siete de sus alumnos de primero de bachillerato y los golpeó con un palo por haber incumplido una tarea y haber llegado tarde a clases. Es decir existe reincidencia.
REQUIERE a la Fiscalía General del Estado que actúe como segunda línea de defensa e inicie las investigaciones pertinentes a fin de confirmar que los hechos aquí relatados constituyen un delito.
CONMINA a la comunidad educativa del Colegio Mejía a actuar como buenos agentes de protección, absteniéndose de tomar partido a favor de la presunta agresora e incluso minimizando, rehuyendo y hasta ocultando estos hechos. Velando por proteger la integridad física y psíquica de todos sus estudiantes y en especial de las niñas y niños aquí referidos. Dejando de lado lealtades gremiales que privilegian a la agresora y que ha dejado a sus víctimas en total indefensión y desprotección.
RECUERDA a la Junta Metropolitana de Protección de Derechos de la Niñez y la Adolescencia-Zona Centro, su obligación de actuar con debida diligencia en cada caso denunciado, emitiendo las medidas de protección necesarias que pongan fin a toda vulneración de derechos en contra de los niños, niñas y adolescentes.
EXHORTA a la ciudadanía en general a no tolerar, menos aún normalizar, ningún tipo de violencia y discriminación en contra de nuestras niñas, niños y adolescentes, en ningún ámbito en el que se desenvuelvan. Denunciando cualquier hecho violento perpetrado en su contra que llegue a su conocimiento. Exigiendo y presionando por respuestas eficientes y eficaces que los proteja.
Ni un sólo acto de violencia en la escuela debe ser admisible, ningún estudiante debe sufrir maltrato alguno por parte de sus compañeros, menos aún de sus profesores o autoridades. El logro de este objetivo tan elemental exige el permanente esfuerzo de quienes participan en su proceso de formación, en especial de aquellos que lo sostienen, supervisan y aplican.
El Consejo de Protección de Derechos continuará pronunciándose hasta que el Estado ecuatoriano enfrente de manera decidida los problemas estructurales y coyunturales que vulneran derechos de sus habitantes en el Distrito Metropolitano de Quito, especialmente los derechos de las niñas y niños que han sufrido violencia en el ámbito educativo.
Gissela Chalá Reinoso Sybel Martínez Reinoso
PRESIDENTA DEL CPD VICEPRESIDENTA REPRESENTANTE SC
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