Los elevados flujos migratorios que está recibiendo la región, provenientes particularmente de Venezuela, han significado un reto para varios países, en especial para Colombia, Perú y Ecuador. Los gobiernos de estos países de acogida han tenido que adaptar sus políticas ante esta innegable realidad. No obstante, en ocasiones, estas medidas -lejos de promover la inclusión- han causado reacciones de xenofobia en sociedades que ya contaban con elevados índices de violencia y discriminación, mostrando así la poca capacidad de los Estados de garantizar la seguridad ciudadana y la convivencia pacífica.

En este contexto, también es preocupante observar cómo los medios de comunicación promueven la concepción de un “enemigo público”, refiriéndose particularmente a las personas de nacionalidad venezolana a propósito de un nuevo caso de violencia protagonizado en días pasados por un ciudadano de dicha nacionalidad. Hecho que es absolutamente repudiable y que debe ser sancionado, no criminalizando la nacionalidad de quienes delinquen sino a los responsables de tales delitos, independientemente de su origen, y de conformidad con nuestro ordenamiento jurídico penal vigente.

La presencia en redes sociales de diversas convocatorias llamando a una “limpieza social” y a marchas ciudadanas en contra de la migración -especialmente de origen venezolano- evidencian una reacción popular sumamente peligrosa y errada que de llagarse a producir sería igual de grave y objetable que la delincuencia misma, pudiendo constituirse en una espiral de violencia de la cual muy difícilmente podremos salir ilesos pues con argumentos tan básicos como el odio y la discriminación lo único que se logra es dejar al margen de evaluaciones y análisis fácticos a los verdaderos problemas estructurales como la crisis económica o la falta de políticas públicas migratorias y de seguridad integral, con enfoque de derechos, que tanta falta hacen al país.

Según la Policía Nacional[i], de los asesinatos registrados, el 6% corresponde a extranjeros, y de ellos, el 2% a personas de nacionalidad venezolana, mientras que el 94% de homicidios fue realizado por ciudadanos ecuatorianos (a quienes no podemos deportar). Solo estas cifras reflejan que el abordaje de la seguridad requiere un análisis integral. El crimen, al igual que la violencia, son fenómenos sociales que no distinguen nacionalidad, sexo, edad, condición económica ni social; tal es el caso de la corrupción que tanto daño nos ha hecho como sociedad. Está claro que estos execrables hechos deben ser combatidos con todo el peso de la ley, sin discriminación alguna, pero también sin prejuicios. Es inconcebible que seamos nosotros, una sociedad empática y afable, quienes repliquemos actos de represión contra personas inocentes -que también conviven en nuestro país-, quienes nuevamente tendrán miedo de salir a las calles, llevar a sus hijos/as a las escuelas y recuperar sus vidas ya afectadas por haber tenido que salir de su país abandonándolo todo.

Los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de hoy están creciendo en un mundo diverso y sin fronteras que requiere otras miradas para convivir en paz.  Estas marchas y expresiones de odio y rechazo ponen en evidencia un patrón muy pobre de comportamiento que sólo contribuyen a que las nuevas generaciones naturalicen la violencia y no tarden en reproducirla; es responsabilidad del Estado prevenirla y fomentar políticas públicas, recursos y estrategias para combatir el odio, la discriminación, la xenofobia y aporofobia.

Por lo expuesto, el Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito, en cumplimiento de sus competencias y atribuciones:

RECHAZA todo acto de violencia que atente contra la integridad y la vida de los ciudadanos y ciudadanas del Distrito Metropolitano de Quito, así como toda acción que contribuya a incentivar el odio, la discriminación, la xenofobia y la violencia en nuestra ciudad.

EXHORTA al Estado ecuatoriano a cumplir con lo estipulado en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos para garantizar la seguridad ciudadana y frenar todo tipo de violencia, asegurando los derechos de todas las personas e integrando a la población migrante y refugiada. A tomar medidas legales correspondientes frente a la amenaza de aparecimiento de grupos autodenominados de “limpieza social” pues sólo generarán mayores condiciones de inseguridad y violencia.

CONMINA a las organizaciones de la sociedad civil, y a la ciudadanía en general, a no reproducir mensajes ni acciones de odio, sino por el contrario, fomentar los valores de diálogo, solidaridad, respeto y justicia. La violencia no tiene nacionalidad.

INVITA a los/as defensores/as de derechos humanos a estar vigilantes de este tipo de acciones y fomentar la protección de los sujetos.

RECUERDA que nuestros/as migrantes ecuatorianos/as también sufrieron el peso de la xenofobia y la discriminación en otros países, basados en hechos aislados de violencia cometidos por algunos/as compatriotas, sin que estas acciones fueran responsabilidad de una nacionalidad entera.

Somos una ciudad inclusiva y hospitalaria, no podemos dar cabida a ideas que alimentan el odio, ni a discursos que debilitan los principios de respeto a los derechos humanos y la convivencia digna.

Gissela Chalá Reinoso

PRESIDENTA DELEGADA DEL ALCALDE  AL CPD 

Sybel Martínez Reinoso

VICEPRESIDENTA

REPRESENTANTE DE LA SOCIEDAD CIVIL

 

 

[i] Noticia tomada de: https://www.elcomercio.com/actualidad/comandante-policia-aumento-asesinatos-ecuador.html