Nuevamente, una suerte de “broma” sobre el acoso sexual, proveniente de la máxima autoridad del país, pone al descubierto lo terriblemente naturalizada que se encuentra esta práctica machista que afecta a casi todas las mujeres, en todos los espacios y a todas las edades. Centros educativos, universidades, espacios laborales, organizaciones políticas, transporte público, calles, plazas, etc., son lugares donde cotidianamente se presenta este tipo de violencia hacia las mujeres. Quizás por eso parecería que es normal, tolerable o irrisorio.

No obstante, el acoso sexual, en sí mismo, es una forma de violencia que resulta de las relaciones asimétricas de poder y el ejercicio abusivo de éste; que crece en espiral y que, con frecuencia, detona en abusos sexuales, violaciones, femicidios o suicidios, como en el caso de Paola Guzmán, que dolorosamente volvimos a recordar en estos días, u otros que la mayoría pretende olvidar, o los sonados casos que empiezan a develarse en las Universidades donde una de las cosas que más llama la atención es que las autoridades no activan los mecanismos para proteger a las víctimas, sino para cuidar el prestigio de estos centros educativos.

La más reciente Encuesta de Relaciones Familiares y Violencia de Género (2019) indica que 32,7% de las mujeres ecuatorianas han sufrido violencia sexual, al menos una vez en su vida.  El 19,2% indicó que fueron víctimas de algún tipo de violencia cuando estaban en un contexto educativo; resultados que se concatenan con el último estudio sobre Acoso Sexual en las Universidades, realizado por la Red Interuniversitaria de Investigación Feminista que estableció que 5 de cada 10 estudiantes mujeres fueron acosadas al menos una vez durante su vida estudiantil, en 7 de cada 10, las situaciones de acoso provinieron de docentes, mientras que 4 de cada 10 docentes mujeres también sufrieron al menos una situación de acoso, por citar algunos datos que muestran la magnitud de este fenómeno.

La Ley Orgánica Integral para la Prevención y Erradicación de la Violencia de Género contra las Mujeres señala: “La violencia psicológica incluye el acoso u hostigamiento, toda conducta abusiva y especialmente los comportamientos, palabras, actos, gestos, escritos o mensajes electrónicos dirigidos a perseguir, intimidar, chantajear y vigilar al sujeto de protección de esta Ley, independientemente de su edad o condición y que pueda afectar su estabilidad emocional, dignidad, prestigio, integridad física o psíquica…” y establece, entre las obligaciones estatales, “la obligación ineludible de adoptar todas las medidas administrativas, legislativas, judiciales, de control y de cualquier otra índole, que sean necesarias, oportunas y adecuadas para asegurar el cumplimiento de esta Ley, evitando la impunidad y garantizando los derechos humanos de las mujeres, para lo cual deberá rendir cuentas a través de sus instituciones, en el marco del cumplimiento de esta Ley...”.

Redefinir el acoso a “broma” o hacerlo ver como “pura diversión” encubre su real intención y dificulta aún más la posibilidad de que sus víctimas pidan ayuda o denuncien estos execrables hechos. Algunas de las formas más comunes de acoso sexual a menudo quedan trivializadas o descartadas como “inofensivas” o “amistosas” constituyendo así una estrategia poderosa que socava a la mujer y su sexualidad pues la describe -y por lo general la hace sentir- como alguien a quien no se le debe tomar en serio.

Por todo lo mencionado, en cumplimiento de sus competencias y atribuciones, el Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito:

RECHAZA las expresiones vertidas en días pasados por la máxima autoridad del país frente a un tema tan delicado como el acoso sexual, que afecta a más del 70% de mujeres en nuestro país y cuya visibilización ha sido motivo de las luchas históricas de los movimientos sociales.

 EXHORTA al Estado -como garante de derechos- a cumplir con lo estipulado en la Constitución y demás normativa vigente para la prevención y protección a mujeres frente a las prácticas machistas y sexistas que promueven el acoso y otras formas de violencia sexual; lo cual incluye la definición de políticas públicas y la asignación de recursos necesarios, oportunos y suficientes para su implementación, así como para la activación y funcionamiento eficiente del Sistema de Protección garantizado en la citada ley.

 RECUERDA a los servidores, servidoras públicas y autoridades educativas que una de sus principales obligaciones es proteger a los/as estudiantes, de todos los niveles, y actuar con diligencia frente a los casos de violencia, incluso de oficio, despojándose de formalidades que obstaculicen su protección inmediata, aún si no existiesen denuncias formales.

INVITA a los medios de comunicación a contribuir con la desnaturalización del acoso sexual y toda forma de violencia que pudiera estar contenida en programas, noticieros, publicidad, entrevistas, a fin de educar a la ciudadanía y erradicar estas formas de relacionamiento social.

CONMINA a la ciudadanía a no normalizar ningún hecho de violencia, a denunciarlo y a exigir las sanciones correspondientes para quienes los cometen; sea en el ámbito público o privado.

El Consejo de Protección de Derechos continuará motivando acciones integrales para precautelar los derechos de la población, particularmente de los grupos de atención prioritaria, en situación de vulnerabilidad o riesgo.

 

Gissela Chalá Reinoso                                                                         Sybel Martínez Reinoso

                       PRESIDENTA DELEGADA                                                        VICEPRESIDENTA

                        DEL ALCALDE AL CPD                                             REPRESENTANTE DE SOCIEDAD CIVL