En estos días ha llegado a nuestro conocimiento que los Servicios Especializados de Protección Especial (SEPES) estarían reduciéndose a su mínima expresión; es decir, desapareciendo. De ser así, sería terrible para la protección y garantía de derechos, pues este servicio es un mecanismo de prevención ante la amenaza a la integridad física, psicológica y sexual de las personas, y de atención cuando sus derechos han sido vulnerados.

Los SEPES fueron creados para asegurar la protección integral de niñas, niños, adolescentes, jóvenes, mujeres, personas con discapacidad y personas adultas mayores -y sus familias- que se encuentran en situación de amenaza o vulneración de derechos, a través de la atención directa a las víctimas, asesoría, patrocinio, prevención e intervención integral y especializada. Garantizando así que aquellas -y sus familias- puedan retomar sus proyectos de vida.

Durante años los SEPES han brindado atención a múltiples víctimas de violencia y abuso sexual mediante la atención psicológica y social. Y, pese a que no ha existido una adecuada difusión de los servicios que prestan y la coordinación interinstitucional que realizan, estos servicios han sido muchas veces actores clave en la activación del Sistema de Protección Integral, particularmente de niñas, niños y adolescentes.

La labor de los equipos técnicos que conforman los SEPES ha sido fundamental para contribuir a la restitución de derechos de las víctimas de violencia -y sus entornos familiares- mediante su recuperación psicológica, generación de procesos de empoderamiento y orientación en la toma de decisiones; es decir, su accionar -pese a las limitaciones de recursos técnicos y financieros- ha sido más integral que otros servicios.

En el 2018, por recomendación de la Comisión AAMPETRA[1], los SEPES iniciaron un proceso de georeferenciación a más de 3000 casos de abuso sexual en el sistema educativo, incorporando dentro de sus matrices estadísticas de atención variables relacionadas al embarazo de niñas y adolescentes con el fin de activar mecanismos pertinentes para sancionar y prevenir casos de violencia sexual. Asimismo, en articulación con los Departamentos de Consejería Estudiantil (DECES) pusieron en marcha un protocolo de articulación para la atención terapéutica a estudiantes víctimas de violencia sexual. Los SEPES fueron fortalecidos ampliando la interdisciplina del servicio al incorporar a profesionales del derecho para brindar atención legal a las víctimas.

Y si bien la capacidad operativa de los SEPES, con sus 44 oficinas a nivel nacional, ha sido insuficiente para atender al universo de personas en situación de vulnerabilidad, no es menos cierto que la respuesta estatal no debería ser desmantelarlos, sino fortalecerlos.

El eventual cierre de este servicio, sumado a los recortes presupuestarios en materia de prevención, atención y reparación de derechos, son muestras evidentes de la falta de compromiso del Estado ecuatoriano de brindar protección especializada e integral a los grupos de atención prioritaria de nuestro país.

Hablar de erradicación de las violencias desde el Estado no puede reducirse a un hecho eminentemente discursivo, requiere asumir con compromiso y responsabilidad política el desafío que esto conlleva, un discurso ausente de políticas y presupuesto no es más que una acción atentatoria en contra de la ciudadanía que demanda del Estado garantías y protección.

La violencia -en todas sus formas y manifestaciones- no es algo que acontezca a la distancia de las obligaciones estatales contenidas en nuestra Constitución y en la normativa internacional que el Ecuador se ha comprometido a garantizar, respetar y cumplir. Una de esas garantías tiene que ver con el derecho a la integridad, en sus dimensiones física y psíquica, así como el derecho a una vida libre de violencia en el ámbito público y privado (CRE, art. 66, numeral 3, literales a y b).

En este marco, y frente a la eventual decisión, por demás lamentable, de desaparecer este servicio, el Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito, en cumplimiento de sus competencias y atribuciones:

  • EXHORTA al Estado ecuatoriano a cumplir con lo estipulado en la Constitución y la normativa internacional referente a la atención, protección y restitución de derechos de las personas víctimas de violencia o expuestas a amenazas, diseñando, implementando y fortaleciendo políticas, instituciones y servicios sólidos, con recursos técnicos y financieros suficientes y necesarios para su efectivo funcionamiento.
  • INSTA a los Consejos Nacionales para la Igualdad, en el marco de sus competencias, a realizar los respectivos procesos de observancia de cara al debilitamiento de los sistemas locales de protección.
  • REQUIERE a la Secretaría de Derechos Humanos restituir y fortalecer a los equipos técnicos para el funcionamiento de los Servicios de Protección Especial, toda vez que la decisión tomada debilita sustancialmente el Sistema de Protección Integral a niñas, niños, adolescentes, mujeres y adultos/as mayores, del Distrito Metropolitano de Quito.
  • CONMINA a las organizaciones de la sociedad civil, defensores/as de derechos humanos, y ciudadanía en general, a pronunciarse frente a este hecho y estar vigilantes frente al debilitamiento del Sistema de Protección Integral a nivel local y nacional.

El Consejo de Protección de Derechos continuará vigilando y promoviendo el fortalecimiento del Sistema de Protección Integral del Distrito Metropolitano de Quito así como el cumplimiento de las obligaciones de respeto y garantía que debe asegurar el Estado ecuatoriano a sus habitantes, especialmente a las víctimas de violencias y abusos sexuales.

 

Gissela Chalá Reinoso                                                                                   Sybel Martínez Reinoso

PRESIDENTA DELEGADA DEL ALCALDE                                                      VICEPRESIDENTA

                              AL CPD                                                                                          REPRESENTANTE DE SC

 

 

[1] Academia Aeronáutica Mayor Pedro Traversari