El 10 de diciembre de 1948 la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos, este documento constituye uno de las más grandes esfuerzos en la historia de la humanidad por generar condiciones de vida dignas para todos los pueblos de todas las naciones sin discriminación alguna.

El contexto en el que fue posible esta proclamación de derechos correspondió a la finalización de la segunda guerra mundial, esta carta universal constituye una promesa global de aunar esfuerzos para que jamás vuelvan a repetirse los hechos crueles, injustos, inhumanos y execrables sufridos por la población judía bajo el poder del gobierno alemán fascista.

En Ecuador, la Constitución del año 2008 reconoce y ratifica todos los derechos de la declaración universal, e incluso asume algunos retos adicionales, tal es el caso del reconocimiento de los derechos de la naturaleza. Sin embargo, pese al avance existente en el marco normativo, una crítica recurrente en los últimos años es que estos derechos parecerían “letra muerta”; y, si bien el reconocimiento normativo es un gran paso, es verdad que aún hay muchas brechas en el cumplimiento efectivo de estos, aún falta un largo caminar para lograr que el goce  y ejercicio pleno de derechos deje de ser un privilegio.

Desde el Consejo de Protección de Derechos hemos visto algunos avances, tal es el caso del reconocimiento del matrimonio igualitario, la eliminación de espectáculos que tienen por objetivo la muerte de animales, y el compromiso del gobierno local por implementar unidades especializadas de justicia para mujeres víctimas de violencia de género. Sin embargo, también hemos visto con gran preocupación que persisten algunas vulneraciones como:

  • El racismo, como herencia de un pensamiento colonizado prevalece aún en el imaginario social, conductas que legitiman prácticas que menoscaban la integridad de pueblos y nacionalidades de nuestro país.
  • La xenofobia, misma que se manifiesta en la agresión e intimidación a personas extranjeras, en la actualidad  principalmente de origen venezolano y en algunas ocasiones promovida desde el mismo estado.
  • El adultocentrismo, como una forma de pensamiento y práctica que subordina a los niños, niñas y adolescentes frente a la forma de ver, sentir y actuar de los adultos como pensamiento único y determinante.
  • Las violencias en todas sus manifestaciones, ensañada especialmente en niños, niñas y adolescentes; mujeres, mujeres trans, adultos y adultas mayores expresadas en transfobia, abusos sexuales, violaciones, embarazo en niñas y adolescentes, femicidios y asesinatos.

Todas estas manifestaciones de discriminación y violencias se sostienen y legitiman además  en un sistema de explotación, inhumano, injusto donde se prioriza  la  producción del capital y el consumo  por encima de los derechos  humanos.

Las cifras existentes de las desigualdades sociales que viven especialmente  los grupos de atención prioritaria dan cuenta de una sociedad que tiene un desafío por delante para superar las condiciones de pobreza, exclusión, inequidad, mismas que se traducen en violencias sistemáticas que inhiben el ejercicio de derechos.

 

Frente a estas cifras, el Estado tiene la responsabilidad ineludible de generar políticas, programas, proyectos que permitan disminuir las brechas de desigualdad que generan violencias y afectación a la vivencia plena de los derechos, esto supone voluntad política para invertir en la dignificación de la vida, proteger y garantizar el cumplimiento de lo estipulado en la Constitución.

El Consejo de Protección de derechos reitera su compromiso de trabajar incansablemente por la protección de los derechos de grupos de atención prioritaria, en situación de riesgo y/o vulnerabilidad. A la vez saluda el compromiso de las organizaciones y personas defensoras y defensores de derechos que dedican sus esfuerzos colectivos  y personales a todas las causas que buscan construir una sociedad justa y digna.