Una generación y media ha pasado desde el 20 de noviembre de 1989, fecha en la que se firmó la Convención sobre los Derechos del Niño, el instrumento internacional más ratificado por los países que integran la ONU.

Este hecho histórico ha significado un innegable avance en la protección y garantía de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, se ha constituido en un hito para la democratización de las relaciones entre los adultos y los niños; sin embargo, aún prevalecen condiciones de violencia, subordinación, discriminación, maltrato, castigos y muchas otras formas de vulneración y riesgo a los que están expuestos todos los días.

Para nuestro país, la Convención sobre los Derechos del Niño significó avanzar en la normativa específica para la garantía y protección de sus derechos; el Código de la Niñez y Adolescencia permitió impulsar la creación de un sistema especializado de protección. Así mismo, la Constitución del Ecuador -promulgada en el 2008- reconoció los derechos específicos de los niños, niñas y adolescentes, destacando que sus derechos prevalecen por sobre los de los demás.

Garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes supone -entonces- la concreción del marco normativo vigente mediante la implementación de políticas, servicios, recursos, que garanticen el ejercicio pleno de sus derechos y que conlleven a superar las condiciones de desigualdad, las violencias e injusticia a las que están expuestos todos los días. Pero, sobre todo, exige el respeto irrestricto de ellos/as como sujetos de derechos, respeto que se traduce en saber escucharlos, comprenderlos y darles las respuestas apropiadas a sus demandas.

Tan sencillo como eso; no obstante, el día en que se conmemoraba los 30 años de la Convención se vio marcado por la difusión de videos del encuentro entre el Presidente de la República con las niñas, niños y adolescentes del Consejo Consultivo Nacional (que reúne a los Consejos Consultivos Locales),  evento en el que una niña del pueblo Saraguro habría sido interpelada por el Presidente Lenin Moreno frente a su pedido puntual de que “no se persiga a nuestros  hermanos indígenas… ”, como si se tratase de una persona adulta a la cual se le responsabiliza de las acciones de todo un pueblo, lo cual no sólo que violenta su derecho a la participación, sino que expresa, mínimamente, la falta de empatía con la población infantil y adolescente a la cual el Estado está obligado a proteger.

Queda claro que aún tenemos un largo camino por recorrer, que 30 años no han sido tiempo suficiente para aceptar que los niños, niñas y adolescentes son la prioridad en toda sociedad, que su criterio y participación son importantes; cambiar la mentalidad adultocentrista será el primer paso que debemos dar, saber escuchar y respetar su espontaneidad tiene que ser una práctica cotidiana, principalmente para quienes los gobiernan.

En este marco, en cumplimiento de sus atribuciones, el Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito:

  • RECHAZA enfáticamente las expresiones vertidas por el Presidente de la República a la niña del pueblo Saraguro, en la visita realizada por los niños, niñas y adolescentes al Palacio de Gobierno en su día emblemático. 
  • EXHORTA al Gobierno Nacional a adoptar las medidas legislativas, administrativas y económicas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las obligaciones contraídas con la suscripción de la Convención sobre los Derechos del Niño, entre ellas, el funcionamiento efectivo del Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral, la reforma seria y responsable del Código de la Niñez y Adolescencia, la asignación de recursos suficientes en el presupuesto general del Estado del año 2020 para la protección de niñas, niños y adolescentes. En este marco, también recuerda que el Estado debe abstenerse de realizar acciones que pongan en riesgo o vulneren los derechos de este grupo poblacional.
  • INSTA a la ciudadanía y a la sociedad -en general- a intervenir activamente como corresponsables en la promoción y protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, a rechazar cualquier forma de discriminación y naturalización de las violencias que afectan a su desarrollo integral y su dignidad.
  • RECUERDA a las familias que el buen trato, respeto y protección comienzan en el hogar y que es responsabilidad de éstas sentar las bases para la transformación de las relaciones adultocentristas, en relaciones de empatía y protección hacia la población infantil y adolescente.

Han pasado 30 años desde la firma de la Convención, las niñas, niños y adolescentes no pueden esperar más, hay que intensificar los esfuerzos para lograr que este instrumento internacional y la normativa nacional se efectivicen, hay que saldar la deuda histórica que el Estado tiene con ellos/as. Desde este Consejo ratificamos nuestro compromiso de seguir trabajando comprometidamente para abonar a este propósito.

Gissela Chalá Reinoso
PRESIDENTA DELEGADA DEL ALCALDE AL CPD
Sybel Martínez Reinoso
VICEPRESIDENTA REPRESENTANTE DE SOCIEDAD CIVIL