A través de los medios de comunicación tuvimos conocimiento de las acciones que se están llevando a cabo en la ciudad de Quito para prevenir el trabajo y la mendicidad infantil. En el reportaje emitido por Teleamazonas, se observa el caso de una niña de cuatro años que habría sido retirada de su madre y llevada a una casa de acogida. La madre, según el reportaje, habría sido detenida.

Si bien es indispensaple que las autoridades adopten medidas para prevenir y erradicar cualquier tipo de explotación infantil, las acciones y procedimientos que se realicen deben articuladas interinstitucionalmente y estar enmarcadas en la normativa existente a fin de precautelar y garantizar los derechos, fundamentalmente de las niñas, niños y adolescentes, conforme establecen la Constitución, el Código de la Niñez y Adolescencia, Código Integral Penal, entre otras. Ningún procedimiento puede victimizar -peor aún- vulnerar la integridad de niños, niñas y adolescentes.

El trabajo infantil y la mendicidad en Ecuador no son problemáticas sociales recientes y merecen un abordaje y tratamiento integral, más aún cuando éstas son el resultado de la desigualdad social, la injusticia y la precariedad de las condiciones de vida, es decir de la pobreza, donde el Estado nacional y gobierno local tienen una responsabilidad ineludible.

El abordaje a las familias que presentan esta problemática debe -necesariamente-realizarse desde el enfoque de derechos, respetando los tratados internacionales y la normativa nacional, sin que su aplicación viole los derechos humanos fundamentales, sino que apueste a comprender la problemática desde su raíz estructural: una sociedad en donde cada vez son más las personas que venden su fuerza de trabajo en condiciones de explotación y auto explotación inhumanas.

Con estos antecedentes, el Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito, en cumplimiento de sus atribuciones:

EXHORTA al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito a que las acciones dirigidas a abordar esta problemática en los espacios públicos de la ciudad, contemplen procedimientos que no menoscaben la integridad de las personas, más aún cuando se trata de niños, niñas y adolescentes. La separación de éstos de sus familias no debe ser la primera opción para proteger sus derechos. Los operativos que se realicen en el marco de la prevención y erradicación del trabajo y la mendicidad infantil deben ser cuidadosamente programados en el marco de la protección de sus derechos.

EXIGE al gobierno nacional y local el fortalecimiento de los servicios y políticas sociales para la reducción del trabajo y la mendicidad infantil, así como la aplicación de todo el peso de la ley cuando se identifiquen casos de explotación y trata.

INSTA a las instituciones del Sistema de Protección Integral a aunar esfuerzos que contribuyan a la prevención de las vulneraciones de derechos en todas sus dimensiones así como a la protección de niñas, niños y adolescentes en riesgo.

CONVOCA a la ciudadanía a mantener una actitud de colaboración mediante la denuncia de situaciones que podrían constituir vulneraciones de derechos de niñas, niños y adolescentes, a no naturalizar ni fomentar el trabajo y la mendicidad infantil.

El Consejo de Protección de Derechos se encuentra realizando acciones de observancia para contribuir a la protección de este grupo poblacional y permanecerá atento a las acciones que se realicen en este caso en particular. La criminalización de la pobreza no puede tener cabida en nuestro país ni en nuestra ciudad.

Gissela Chalá Reinoso

PRESIDENTA DELEGADA DEL ALCALDE AL CONSEJO

 Sybel Martínez

VICEPRESIDENTA DEL CONSEJO