A través de una denuncia ciudadana realizada en redes sociales tuvimos conocimiento del caso del niño A.A. de 6 años de edad, de nacionalidad venezolana, quien habría sido víctima de violencia por parte de uno de sus compañeros y una docente en la “Escuela 12 de Octubre”.
Lamentablemente en el transcurso de este año hemos sido testigos de múltiples situaciones de violencia contra personas extranjeras -en particular de nacionalidad venezolana- que no tienen justificación alguna, más aún cuando las víctimas son niñas, niños o adolescentes. Los contextos de violencia contra la población migrante y refugiada se evidencian en múltiples espacios y sus víctimas son cada vez más diversas y constantes. Sin embargo, estas situaciones son más preocupantes cuando ocurren en espacios de formación que están llamados a proteger a este grupo de atención prioritaria, como son las instituciones educativas.
No podemos olvidar que el acoso escolar entre pares, o la violencia ejercida por personas adultas, pueden generar severas repercusiones en las víctimas, por lo que las instituciones educativas deben abordarlas de manera integral con toda la comunidad educativa. Al respecto, el Consejo de Protección de Derechos recuerda que es obligación del Estado y responsabilidad de las familias y la sociedad promover el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes y asegurar el derecho a una vida libre de violencias.
Es alarmante que estas situaciones ocurran en un Estado Constitucional de derechos y justicia, que se caracteriza por contar con un marco normativo garante de derechos, sobre todo de los niños, niñas y adolescentes, dándoles prioridad absoluta; que además establece que las personas extranjeras que se encuentren en el territorio ecuatoriano tendrán los mismos derechos y deberes que los ecuatorianos y que nadie podrá ser discriminado por su condición migratoria o nacionalidad.
Adicionalmente recordamos que los actos de violencia física o psicológica de odio contra una o más personas en razón de su nacionalidad, u otras diferencias, constituyen un delito tipificado en el Código Orgánico Integral Penal.
En este marco, el Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito, en cumplimiento de sus atribuciones:
- EXHORTA al Estado a que cumpla con sus obligaciones de garantía y protección de derechos, contribuya a generar una integración local adecuada de la población migrante y refugiada y genere acciones que contribuyan a eliminar las expresiones de xenofobia que afectan diariamente a personas de distintas nacionalidades.
- INSTA al Ministerio de Educación a fortalecer sus políticas de inclusión, a promover la erradicación de todas las formas de intolerancia, a garantizar el respeto, la empatía y la solidaridad entre estudiantes, y entre éstos y los demás miembros de la comunidad educativa. Que las instituciones educativas sean espacios de protección en los que se fomente, fortalezca y materialicen valores como la fraternidad y el respeto por las diferencias.
- CONMINA a la sociedad y las familias a evitar acciones, expresiones o comentarios que atenten contra la integridad y los derechos de otras personas, sin distinción alguna. Es indispensable que desde las familias y la sociedad promovamos la empatía y rechacemos la xenofobia o cualquier tipo de discriminación.
El Consejo de Protección de Derechos estará vigilante de las respuestas que se den frente a este nuevo hecho de violencia dirigido a la población en situación de movilidad humana y de las políticas públicas que se implementen para erradicar estas prácticas de los espacios educativos.
Gissela Chalá Reinoso Sybel Martínez Reinoso
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