Luego de casi dos semanas de protestas el saldo para todos/as es nefasto. Durante estos días hemos podido evidenciar cómo en un país de valores democráticos, garantista de derechos y justicia social, ha primado la violencia, en todas sus formas, como mecanismo de respuesta a las protestas sociales; violencia desproporcionada que ya deja varias personas muertas y un gran número de heridas y detenidas.

Según el Art. 3, numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador, es deber primordial del Estado: “Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción”.

Sobre la base de este mandato Constitucional, es responsabilidad del Gobierno Nacional garantizar el cese de la violencia, escuchar las demandas de los sectores movilizados, generar las condiciones favorables para el diálogo y re direccionar al país hacia la calma y la seguridad. También es responsabilidad de todos/as los actores políticos, medios de comunicación, dirigentes sociales, eclesiásticos, organizaciones sociales y ciudadanía en general abonar a este propósito.

En este marco, el Consejo de Protección de Derechos, en cumplimiento de sus competencias y atribuciones:

SALUDA la decisión del Gobierno Nacional y la Dirigencia Indígena de instaurar un diálogo que permita establecer acuerdos efectivos para el bienestar del país, particularmente de aquellos sectores a quienes las medidas tomadas en días pasados afectan con mayor impacto.

INSTA a las instituciones y autoridades responsables del orden público a cesar el uso desmedido de la fuerza y garantizar la integridad y la vida de los ciudadanos y ciudadanas, especialmente de la población que se encuentra refugiada en las zonas humanitarias de paz.

EXHORTA a los medios masivos de comunicación a difundir los hechos ocurridos con el rigor y profesionalismo que caracteriza al periodismo.

CONVOCA a la ciudadanía a no protagonizar actos de violencia, menos aún en contra de ambulancias y otros dispositivos que sirven para garantizar la vida de las personas. Así como a no difundir noticias, mensajes, comentarios que pueden conducir a comportamientos discriminatorios, racistas, xenofóbicos. Al contrario, invita a reforzar acciones como el Cacerolazo, que por su importancia simbólica, contribuyen a socializar el sentido de las reivindicaciones y enviar mensajes de democracia y justicia.

Confiamos en que el diálogo de buena fe convocado para el día de hoy sea efectivo. Ni una piedra, ni una bala más, que el arma positiva sea el diálogo para que el único estado que nos rija de ahora en adelante sea el estado de bienestar, principalmente para aquellos sectores más empobrecidos y vulnerables del país.

 

Gissela Chalá Reinoso                                                                                             Sybel Martínez Reinoso

PRESIDENTA DELEGADA DEL ALCALDE                                                       VICEPRESIDENTA

AL CONSEJO                                                                                                           REPRESENTANTE DE SC