Tras las primeras 48 horas del Paro Nacional convocado a propósito de las medidas económicas adoptadas por el gobierno, y al que se han sumado varias demandas ciudadanas, en ejercicio de la observancia que por Ley le compete a este Consejo, queremos expresar nuestra profunda indignación y rechazo de los hechos ocurridos señalados a continuación:

1. El nivel de violencia con la que ha actuado la Policía y el Ejército, ni siquiera la vigencia del estado de excepción es justificativo para los eventos que hemos documentado: uso de armamento prohibido, disparos de bombas lacrimógenas espiraladas y balas de goma al cuerpo de los/as manifestantes, uso de instrumentos para atropellamiento directo (principalmente caballos y motocicletas), utilización de tanquetas diseñadas para conflictos bélicos con mensajes atemorizantes que causan pánico, disparos de gases, exhibición de instrumentos de tortura, entre otros. Estos hechos violentos no pueden ser tolerados bajo ningún justificativo por su grave implicación en materia de derechos humanos.

2. En ese mismo sentido, se han documentado hostigamientos policiales incluso a personas que no eran parte de las protestas. Nos indigna -y descalifica totalmente a la fuerza pública– los golpes y las acciones de asfixiamiento contra niños y niñas, mismas que están documentadas en filmaciones.

3. Nos preocupa que el gobierno – aun conociéndolo– no ha dado cifras oficiales sobre el número y condición de las personas heridas. Generando así un ambiente de mayor incertidumbre. El gobierno nacional solo habló de investigar las agresiones contra periodistas en el primer día del paro, pero lo mismo debería hacerse sobre los actos que han afectado a cientos de personas civiles, principalmente a jóvenes y adolescentes.

4. El elevado número de personas detenidas –que en Quito superan las 160 personas y que en su mayoría son menores de edad– no coincide con la información emitida por el gobierno a través de su cadena nacional del 4 de octubre, lo cual ha generado desesperación en familias de aquellos que pudiendo ser detenidos no los encontraban hasta altas horas de la noche.

5. Se ha podido establecer que en casi la totalidad de los casos se impidió la comunicación de los/as detenidos/as con sus respectivos abogados, lo que es una clara vulneración al debido proceso consagrado en el artículo 77 de la Constitución.

6. También se ha podido confirmar, que por lo menos 20 personas fueron detenidas y trasladadas a espacios diferentes a la Unidad de la Flagrancia, tales como la UPC de La Basílica y al Centro de Detención de El Inca. Si bien en muchos casos fueron liberados, es un principio básico ser llevados ante autoridad competente y no ser privados de libertad en lugares diferentes a los señalados en el COIP.

7. Preocupa que varios familiares de detenidos denuncien que éstos han sufrido golpes tras su detención, proceso del cual hemos documentado dos casos particulares. Esto definitivamente es inaceptable, incluso en pleno estado de excepción.

8. También indigna los casos de detención de personas con discapacidad, situación que no fue tomada en cuenta para el momento de su espera hasta la audiencia. De esto hemos documentado el caso de dos hermanos –ambos portadores del carné de discapacidad– que fueron detenidos el jueves en horas de la noche, quienes tuvieron su audiencia tan solo ayer a las 19:00 horas, y si bien fueron liberados, no se tomó en cuenta su condición en el tiempo que duró su detención.
Frente a todo lo mencionado, reiteramos nuestra exigencia para que el gobierno nacional levante la medida de excepción a nivel nacional, que se ordene que la fuerza pública deje de actuar con violencia, que se libere a todas las personas detenidas hasta los actuales momentos y que se establezcan procesos de investigación pues los hechos relatos -en muchos de ellos- incluso están considerados como delitos cometidos por la fuerza pública.

De continuar esta escalada de violencia, responsabilizamos a las autoridades correspondientes, a la policía y al ejército de éstas y futuras acciones que se sucedan en contra de la integridad, la vida y demás derechos humanos.

El Consejo de Protección de Derechos proporcionará la información documentada que posee a las autoridades nacionales e internacionales que así lo requieran y se mantendrá vigilante para el cumplimiento de la vigencia del respeto y garantía de los derechos de las personas.

Gissela Chalá Reinoso                                                                      Sybel Martínez Reinoso
PRESIDENTA DELEGADA DEL ALCLADE                           VICEPRESIDENTA DEL CONSEJO
AL CONSEJO                                                                               REPRESENTANTE SOCIEDAD CIVIL