En el marco de la jornada nacional de protestas a causa de la serie de medidas económicas, laborales y tributarias dispuestas por el Señor Presidente de la República, hemos podido conocer de acciones desmedidas de represión por parte de la Policía Nacional, particularmente en Quito, aunque llegan reportes de otras provincias que dan cuenta de acciones similares.

Más nos preocupa, cuando el gobierno ha tomado la decisión -totalmente anti democrática- de declarar un estado de excepción a nivel nacional, lo cual en lugar de significar una posición sensata de escucha del descontento nacional, agravará la confrontación social.

En este sentido, queremos recordar que el derecho a la resistencia pacífica está garantizado en el artículo 98 de nuestra Constitución, cuando con ésta se pretende cesar un acto de vulneración de derechos. En este circunscrito ámbito, debería atenerse la actuación de las fuerzas del orden para controlar posibles desmanes, pero ante todo garantizando las condiciones de dignidad humana de quienes se han adherido a las protestas.

La Constitución de la República del Ecuador, en el segundo inciso final del artículo 163, establece que “…los miembros de la Policía Nacional tendrán una formación basada en derechos humanos, investigación especializada, prevención, control y prevención del delito y utilización de medios de disuasión y conciliación como alternativas al uso de la fuerza”. Comprender este elemento, en un Estado de derechos y justicia, es de vital importancia para poder gobernar respetando los derechos de los ciudadanos  y ciudadanas garantizados en la Carta Magna.

Incluso, cualquier tipo de uso excesivo de la fuerza, es causa de un procedimiento disciplinario, de acuerdo a lo establecido en el penúltimo inciso del artículo 77 de la Constitución (sanciones penales y administrativas por la aplicación o interpretación abusiva de contravenciones u otras normas), y detalladas como faltas graves en el artículo 120 del Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público.

En este marco, el Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito:

  • EXHORTA a las instituciones del orden público que actúen en estricto apego a la Constitución y a las leyes del Ecuador que les prohíbe la utilización de la fuerza desproporcionada en este tipo de eventos.
  • EXIGE al gobierno nacional que genere mecanismos de escucha y diálogo con la ciudadanía para encontrar alternativas para salir de esta crisis, sin que esto implique sacrificios para la población, ni que las medidas que se tomen sean regresivas en la aplicación de los derechos.
  • LLAMA a la ciudadanía que está ejerciendo su derecho a la resistencia, a realizarlo de manera pacífica, respetando las posiciones de otras y otros ciudadanos sin provocar acciones que pudieran considerarse provocativas de violencia y respetando los parámetros establecidos en nuestra norma vigente.

El Consejo de Protección de Derechos estará vigilante ante estos hechos y los resultados del mismo.

Gissela Chalá Reinoso                                                                      Sybel Martínez Reinoso

PRESIDENTA DELEGADA DEL ALCALDE AL CPD                   VICEPRESIDENTA CPD