“Una sociedad para todas las edades es una sociedad que, lejos de hacer una caricatura de los ancianos presentándolos como enfermos y jubilados, los considera más bien agentes y beneficiarios del desarrollo. Una sociedad multigeneracional, pues, empeñada en crear condiciones de vida capaces de promover la realización del enorme potencial que tienen los adultos mayores”.

Kofi Annan

En Ecuador se reconoce como personas adultas mayores a la población que supera los 65 años de edad. En el Distrito Metropolitano de Quito, habitan –aproximadamente- 145 516 personas de este grupo de atención prioritaria, lo cual representa el 6,32% del total de la población de esta jurisdicción.

La Asamblea General de Naciones Unidas instituyó el 1 de octubre como fecha internacional de reconocimiento a esta población en el año 1990; con el objetivo de sensibilizar a la sociedad en general sobre la importancia de erradicar los prejuicios existentes sobre las personas adultas mayores.

Según el análisis y la proyección del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), Quito goza –actualmente- de un bono demográfico. Es decir, la mayor parte de la población es económicamente activa. El reconocimiento económico y social  de este “bono demográfico”, en sí, pone en evidencia el utilitarismo con el que se mira a la población. Un ciudadano es más ciudadano en tanto es capaz de generar recursos económicos, lo cual demuestra que aún se debe recorrer un largo tramo para el reconocimiento de las personas como sujetos de derechos, sin que esto dependa de su capacidad productiva y de su “utilidad” en el sistema capitalista.

Según la Agenda de Protección de Derechos de Personas Adultas Mayores del Distrito Metropolitano de Quito, esta población enfrenta una serie de retos que les impide el goce efectivo de sus derechos. Este grupo de atención prioritaria sufre discriminación permanentemente, llegando incluso a ser víctima de violencia; tanto en sus entornos más cercanos como en el espacio público. En los entornos familiares esta población –en muchas ocasiones- está expuesta a situaciones de abuso económico, maltrato psicológico, físico e incluso abuso sexual; siendo las mujeres adultas mayores empobrecidas quienes se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad. En el caso del espacio público las limitaciones existentes les impiden el acceso a la satisfacción de necesidades básicas, tales como: salud, transporte, seguridad integral, etc.

El Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito, en cumplimiento de sus atribuciones para la protección de los derechos de los grupos de atención prioritaria y en situación de vulnerabilidad, de manera articulada con el Consejo Consultivo de Derechos de Personas Adultas Mayores promueven el cumplimento de la agenda construida en función de las necesidades de esta población. Link de descarga: https://proteccionderechosquito.gob.ec/adjuntos/agendas/3_ADULTOS_MAYORES.pdf

En este contexto, desde el Consejo de Protección de Derechos hacemos un llamado a las entidades públicas competentes a garantizar condiciones de envejecimiento positivo y el goce efectivo de derechos de personas adultas mayores, tal como lo establece la Ley Orgánica de Personas Adultas Mayores, vigente desde el mes de mayo del presente año. Así también, instamos a la sociedad civil a ser corresponsables y vigilantes en el cumplimiento de los mismos.

Pensar en un envejecimiento digno es una responsabilidad del Estado como garante de derechos.