El día de ayer, la Asamblea Nacional negó la reforma al COIP en relación a la posibilidad de que las niñas, adolescentes y mujeres adultas puedan interrumpir el embarazo cuando el mismo sea producto de la violación e incesto, previa asistencia profesional y acompañamiento para recibir información adecuada y, por ende, tomar una decisión con fundamentos.

Esta acción del Legislativo condena a miles de niñas y mujeres a asumir una maternidad forzada o a buscar formas de aborto inseguras o incluso atentar contra su propia vida. Todas estas repercusiones biológicas, psicológicas, económicas y sociales, atentan a los derechos de las niñas, mujeres y sus entornos cercanos, además de constituir un grave retroceso en materia de protección.

Frente a lo señalado, este Consejo de Protección de Derechos:

● RECHAZA la decisión de la Asamblea -que afecta principalmente a las niñas y mujeres de los sectores más empobrecidos y vulnerables- tomada por algunos asambleístas sobre la base de cálculos políticos, sin fundamentos reales y científicos, y que en mucho se debió a la presión de las iglesias católica y evangélica; lo que no se puede permitir en un estado que por Constitución se reconoce como laico y garante de derechos.

● AGRADECE a los/as Asambleístas que con su voto afirmativo lograron comprender la importancia de legislar este tema y los/as compromete a continuar trabajando en representación de estos grupos, en la protección de sus derechos, y en el cambio de las estructuras mentales y posiciones políticas de quienes votaron en forma negativa, se abstuvieron o ausentaron, demostrando con esto que la vida e integridad de las niñas y mujeres y el compromiso con los derechos humanos no está en sus prioridades personales, políticas o éticas.

● EXHORTA al Gobierno a formular políticas públicas y financiar servicios y programas para intensificar el trabajo preventivo frente a todas las formas de violencia -en especial la sexual- de la que son víctimas 7 de cada 10 niñas y muchas mujeres en este país, así como a fortalecer el sistema de administración de justicia para que estos delitos no queden impunes.

● INSTA al Gobierno a cumplir con los compromisos jurídicos internacionales y nacionales de implementar y financiar los Sistemas de Protección Integral, específicos y especializados, para niñas, niños y adolescentes, y para mujeres, de acuerdo a lo establecido en las leyes orgánicas correspondientes y en la Constitución de la República.

● CONVOCA a la sociedad civil a permanecer vigilante de las acciones de los/as asambleístas, así como a movilizarse permanentemente para hacer contrapeso a las acciones de grupos fanáticos que anteponen sus creencias personales frente a los derechos colectivos de niñas, adolescentes y mujeres víctimas de uno de los delitos más execrables que una sociedad puede admitir.
Este Consejo continuará luchando para que las niñas y mujeres sean efectivamente protegidas por las leyes, las políticas y la acción ciudadana, así como para condenar socialmente a legisladores, autoridades, operadores de justicia y todos quienes traicionen los principios constitucionales de la protección prioritaria que tienen los grupos históricamente excluidos en este país laico, garantista de derechos y justicia social.

Sybel Martínez Reinoso
VISEPRESIDENTA DEL CONSEJO
REPRESENTANTE DE SOCIEDAD CIVIL