En la noche del sábado 31 de agosto, un grupo de aproximadamente 40 refugiados/as colombianos/as (incluyendo niños/as), que eran parte de una protesta que ya lleva tres meses, fue violentamente desalojado de las inmediaciones de la Cancillería donde se habían apostado para exigir solución a sus demandas.

En videos y audios remitidos por organizaciones sociales se puede escuchar cómo en medio de la noche se producen gritos desesperados de niños y niñas, de sus madres, insultos de personas que al parecer serían parte de los equipos policiales, entre otros elementos que dan cuenta de la violencia vivida el 31 de agosto. De algunos testimonios que han circulado este día en redes sociales se conoce que los pocos bienes que las personas refugiadas llevaban han sido incautados por la Policía Nacional, entre ellos, sus documentos personales.

Nada justifica la forma violenta, desproporcionada e intolerable en la que ha procedido la Policía Nacional, al parecer con conocimiento de las instituciones responsables de garantizar los derechos humanos. Más allá de que las instituciones puedan estar o no de acuerdo con la protesta de las personas refugiadas, de pensar en que sus reivindicaciones son adecuadas o no, es necesario que estas y sus funcionarios/as, reflexionen que estas personas son seres humanos con derechos universales, y que en condición de refugiados/as han sufrido procesos de violencia por los cuales se han visto obligadas a desplazarse.

No puede existir ninguna razón para que grupos de la Policía Nacional –incluso antimotines especializados– persigan a personas indefensas que venían con niños y niñas. Ninguna respuesta puede justificar que se haya usado gas lacrimógeno contra esta población, una vez más el uso desproporcionado de la fuerza en contra de personas indefensas pone en cuestionamiento el “verdadero estado de derechos” establecido constitucionalmente para nuestro país.

Frente a este hecho, el Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito se pronuncia para:

  • RECHAZAR enérgicamente esta actuación de la Policía Nacional -y de las instituciones públicas que posiblemente conocieron, permitieron y, probablemente justificarán dicha actuación- y recordarle que vivimos en un Estado Constitucional de Derechos, en el que incluso en situaciones extremas de desalojo forzado se deben respetar los protocolos para el ejercicio de sus competencias y la garantía de derechos de las personas refugiadas.
  • EXIGIR al Ministerio de Gobierno que establezca una investigación y determine responsabilidades por el desmedido y desproporcional uso de la fuerza, situación que lamentablemente no es la primera vez que ocurre, pues en este y en otros casos se han vivido actos de violencia por parte de la Policía Nacional.
  • REQUERIR a la Agencia Metropolitana de Control la adopción de mecanismos efectivos para la devolución de los  bienes incautados a los/as ciudadanos/as refugiados, de forma inmediata y completa.
  • EXHORTAR a la Secretaría de Derechos Humanos para que, en cumplimiento de sus competencias, genere condiciones adecuadas para que todo conflicto social sea resuelto por medio del diálogo y la solución integral, respetando la integridad y demás derechos ciudadanos.
  • REQUERIR a la Defensoría del Pueblo su participación activa y directa para que, en el marco de sus competencias, garantice el respeto de los derechos de las personas, más aún cuando éstas son consideradas por la Constitución como grupos de atención prioritaria.
  • EXHORTAR a las organizaciones de la sociedad civil a buscar mecanismos para resolver conflictos como este sin que se ponga en riesgo la integridad de las personas más vulnerables como niños, niñas y adolescentes.
  • INVITAR a los ciudadanos y ciudadanas a no hacerse eco de acciones violentas en contra de ninguna persona, así sea extranjera, pues eso sólo promueve el incremento de la espiral de violencia que después puede ser imposible de controlar.

Tal como lo hemos hecho en este caso desde que el problema dio inicio, como Consejo de Protección de Derechos seguiremos agotando las posibilidades de una resolución pacífica de este conflicto y nos mantendremos vigilantes para que se  generen respuestas adecuadas, desde un enfoque de derechos, para la satisfacción adecuada a los requerimientos de las personas.

 

GISSELA CHALÁ REINOSO                                                      SYBEL MARTÍNEZ REINOSO

PRESIDENTA DELEGADA DEL ALCALDE                               VICEPRESIDENTA CONSEJO DE

AL CONSEJO PROTECCIÓN DE DERECHOS                          PROTECCIÓN DE DERECHOS