A través de diversos canales de comunicación, conocimos la convocatoria pública a una movilización ciudadana que se realizará este viernes, 30 de agosto, para protestar por la inseguridad y la creciente ola de delitos, cometidos en varias partes del país. Hemos observado con preocupación, que esta convocatoria se está utilizando también para estigmatizar a la población migrante – principalmente de nacionalidad venezolana – como la responsable de estos eventos de inseguridad.

Definitivamente, las personas tenemos el derecho a protestar de manera pacífica frente a la carencia de respuestas a nuestras necesidades (la seguridad como una de ellas). Y es obligación de las autoridades, dar respuestas claras, coherentes y efectivas a esas necesidades legítimas; en el marco del estricto cumplimiento a lo dispuesto en la Constitución y las leyes del Ecuador.

No obstante, así como exigimos seguridad y no violencia en nuestro país, NO podemos afrontar estos hechos realizando actos que estigmatizan y promueven violencia contra una nacionalidad entera, como si fueran responsables de todos estos acontecimientos cometidos – en su mayoría – por nuestros compatriotas. Ver los constantes mensajes de rechazo a personas venezolanas – que ingresan al país como resultado de la grave crisis que están afrontando – demuestra que no hemos aprendido de nuestra historia como migrantes y necesitamos reflexionar sobre los mensajes de violencia y rechazo que estamos dando a las nuevas generaciones. De igual manera, es necesario que la ciudadanía conozca que estas acciones pueden constituir un delito de odio, tipificado en el Código Orgánico Integral Penal.

Recordemos que el Ecuador fue y continúa siendo un país de emigrantes. Que en muchas ocasiones algunos de nuestros/as compatriotas han cometido actos delictivos en los países que los/as han acogido, sin embargo, hemos sido frontales en exigir que no se estigmatice a toda la sociedad ecuatoriana, y que, en el marco del debido proceso, puedan ser juzgados/as de manera individual por sus faltas.

Reducir el tema de la inseguridad a la presencia de migrantes, implicaría que además no entendemos las causas estructurales del problema y que tienen relación con un sistema de inequidad, injusticia e impunidad, el capitalismo. Estos son temas centrales que debemos enfrentar de manera unitaria y firme.

Así mismo, debemos tomar en consideración que la migración, lejos de ser un problema, puede ser un aporte para el desarrollo del país si se generan las condiciones adecuadas desde el propio Estado ecuatoriano, apuntalando acciones que permitan un ejercicio real de los derechos de las personas que convivimos en Ecuador.

En virtud de lo mencionado, el Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito:

  • EXHORTA a la ciudadanía que decida participar libremente en las movilizaciones, a mantener una actitud pacífica de respeto a los derechos humanos con demandas claras y se eviten mensajes de xenofobia, racismo, aporofobia y cualquier forma de discriminación, que lo único que fomenta es violencia. Quito es una ciudad diversa, de acogida y solidaria, que debe ser de inclusión.
  • PIDE a los medios de comunicación que, en la transmisión de informaciones sobre actos delictivos se oriente a la población adecuadamente para evitar exacerbar los ánimos de manera indebida, ya que estas acciones únicamente contribuyen a ocasionar mayores niveles de violencia.
  • SOLICITA a la Fiscalía, Policía y Unidades Judiciales que, en el marco de sus competencias, actúen de manera diligente y prolija para evitar esa percepción de impunidad que sólo aumenta la inseguridad en la población; y que sus actuaciones sean estrictamente apegadas al enfoque de derechos humanos.
  • EXIGE a las autoridades del gobierno central, que por competencia tienen a su cargo temas de movilidad humana, que implementen políticas que permitan el acceso adecuado de las poblaciones a todos los derechos, entre ellos el de la regularización efectiva.

Como Consejo de Protección de Derechos y en el marco de nuestras competencias, nos mantenemos vigilantes de las acciones que se adopten frente a esta movilización y sus consecuencias futuras como un mecanismo para erradicar toda forma de violencia contra cualquier persona. De igual manera, continuaremos difundiendo mensajes y acciones contra cualquier tipo de discriminación.

 

 

Gissela Chalá Reinoso                                         Sybel Martínez Reinoso

                       PRESIDENTA DELEGADA                             VICEPRESIDENTA DEL CONSEJO 

                        DEL ALCALDE AL CONSEJO