Desde hace aproximadamente dos meses varias familias de nacionalidad colombiana -en su mayoría en condición de refugio- vienen realizando reclamos sobre su situación de inseguridad y falta de protección a sus derechos en el Ecuador. En un primer momento estas familias se apostaron en los exteriores de las oficinas del ACNUR y luego, ante la presión de los moradores del sector, fueron reubicadas en otros espacios temporales de los que nuevamente tuvieron que salir, por lo que se instalaron durante un día y una noche en la Plataforma Gubernamental del Sur.  

Las instituciones locales, entre ellas el Consejo de Protección de Derechos, solicitamos insistentemente al gobierno central su intervención a fin de asegurar la protección de esta población, entre la que se encuentran 34 niños, niñas y adolescentes, una mujer embarazada, personas adultas mayores y con discapacidad. Hemos expresado nuestra profunda preocupación porque el reclamo de las familias ha sido comprendido por diversas instituciones públicas del ámbito nacional como un problema de orden público, con una visión seguritista, lo cual ha dificultado un abordaje adecuado, llegando incluso a desentenderse completamente del tema, demostrando así la falta de políticas claras y efectivas frente a la problemática de movilidad humana.

En virtud de la necesidad de buscar una solución, y en cumplimiento de la Resolución tomada por la Junta Metropolitana de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito habilitó cinco Centros Temporales de Tránsito (albergues) durante 20 días, mientras se realizaban acciones de diálogo y acuerdos con las familias demandantes. 

Pese a los esfuerzos realizados por ACNUR con cada núcleo familiar, con el acompañamiento del Consejo de Protección de Derechos, no se obtuvieron los resultados esperados para lograr una solución definitiva, en el marco de la protección a las personas refugiadas. Ante la imposibilidad de mantener habilitados estos espacios por más tiempo, las familias acordaron abandonarlos   -de manera pacífica- el día de hoy (30 de julio). Sin embargo, debido a su temor por la falta de condiciones de seguridad que garanticen su integridad fuera de estos centros, las familias han cambiado de opinión y no están dispuestas a salir de dichos espacios.  

Frente a este hecho crítico, como Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito, en cumplimiento de nuestras competencias y funciones:

  • EXHORTAMOS al Consejo Nacional para la Igualdad de Movilidad Humana a que, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 156 y 157 de la Constitución, active todos los mecanismos para asegurar la plena vigencia y el ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, ejerciendo sus competencias de observancia, seguimiento y evaluación de las políticas públicas de movilidad humana.
  • EXIGIMOS a las instituciones del Estado: Ministerio de Relaciones Exteriores, Cancillería, Secretaría de Derechos Humanos, Defensoría del Pueblo, a que en su condición de garantes de los derechos humanos, de acuerdo con la Constitución y la ley, activen mecanismos de coordinación para la protección efectiva de esta población, particularmente de las personas que presentan varias condiciones de vulnerabilidad, como mujeres embarazadas, personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, y promuevan acciones para generar una auténtica integración local en el Ecuador.
  • EXHORTAMOS a ACNUR a fortalecer la búsqueda de soluciones dignas y duraderas en beneficio de las personas en condición de refugio, implementando mecanismos eficientes y eficaces para su protección integral, comenzando por mejorar los canales de comunicación con este grupo de atención prioritaria.
  • INSTAMOS a las organizaciones defensoras de los derechos humanos a aportar en la construcción de alternativas viables y seguras para este grupo de refugiados y para la población migrante, en general, así como a evitar cualquier posibilidad de revictimización de quienes están participando en estos reclamos.

Como Consejo de Protección de Derechos de Quito nos mantendremos vigilantes para que estos procesos sean llevados en el marco de lo establecido por la ley y el respecto de los derechos humanos.

Gissela Chalá Reinoso                                                                                     Sybel Martínez Reinoso

PRESIDENTA DELEGADA DEL CPD                                                        VICEPRESIDENTA DEL CPD