La violencia simbólica se evidencia mediante prácticas aparentemente inofensivas, muchas veces se trata de acciones realizadas y repetidas en la sociedad por largos períodos de tiempo en la historia, y que parecerían formar parte de nuestra identidad, naturalizando los roles dominantes que la racionalidad de la sociedad del mercado impone al sentido común. El problema de este tipo de violencia es que impide que veamos con claridad – y con espíritu crítico – la reproducción de estereotipos que perpetúan la desigualdad y la injusticia social; lo que a su vez impide o dificulta tomar acciones efectivas para cesar estas prácticas.

En el caso de la Elección de Reina de Quito – y de cualquier otro tipo de “reinado” – se trata de una forma de violencia simbólica que reproduce los estereotipos y prácticas machistas, clasistas, racistas y coloniales que clasifican a las mujeres según conceptos discriminatorios que otorgan valor a las mujeres por sus atributos de belleza física y bondad, perpetuando la idea de que hay una forma de ser mujer (la blanca, espigada, delgada, “guapa”, heteronormada), constituyendo un paradigma de belleza cotizado dentro de los márgenes de la cultura de occidente; desconociendo así que hay tantas formas de ser mujer como hay tantas formas de ser persona: negra, indígena, transexual, adulta mayor, divorciada, mestiza, etc. Otro estereotipo que se reproduce es el de la competencia por la belleza – un tipo de belleza – como objetivo y fin último de la vida de las mujeres, convirtiendo a esta en una mercancía más, en la misma lógica que el mercado capitalista. Estas ideas han generado, profundizado y perpetuado las brechas de desigualdad – hacia y entre las mujeres – que persisten hasta la actualidad, y cuyo origen se rastrea desde la aparición del patriarcado en la antigüedad hasta los albores de la modernidad.

El Consejo de Protección de Derechos, preocupado por este tema de corte estructural y naturalizado, impulsó entre los años 2017 y 2018 un proceso de Observancia de Política Pública sobre la elección de las Reinas de la Ruralidad, en el que se identificó, entre otros, los siguientes  aspectos: la participación de niñas y jóvenes menores de 18 años de edad; la competencia “feroz” entre familias para que su hija sea la elegida; el gasto innecesario de recursos económicos (muchas veces en base al endeudamiento) en trajes, peinados, fiestas, etc., pero lo peor de todo, fue el impacto psicológico en las participantes que no ganaban el reinado y que ratificaba su situación de “inferioridad” por no cumplir con los cánones de belleza exigidos socialmente.

Todo este esfuerzo dio como resultado que las recomendaciones del proceso de observancia sean asumidas por la Comisión de Desarrollo Rural del Concejo Municipal, quien incorporó un artículo en la Ordenanza Metropolitana No. 216, aprobada en julio del 2018, que prohíbe la participación de niñas y adolescentes en estos eventos de belleza realizados en las parroquias rurales del Distrito.

Con este antecedente, y por la importancia que tiene en la erradicación de una de las formas de violencia simbólica más instaladas en nuestra cultura, el Consejo de Protección de Derechos, CELEBRA la medida adoptada por el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, a través de la Unidad Patronato Municipal San José, sobre la “no realización de la elección de Reina de Quito, decisión que se enmarca en una política de revalorizar a la mujer (…)” (UPSJ, 2019) y COMPROMETE su apoyo, sosteniendo dicha decisión, para que no haya presiones de voces disonantes que nos quieran regresar a estas formas anacrónicas de valoración – o desvaloración – de la mujer y lo femenino.

Esta decisión abona al trabajo iniciado para avanzar en la modificación de los patrones socioculturales machistas, discriminatorios y excluyentes, a la lucha contra la reproducción de estereotipos y prácticas monárquicas impuestas.

Por todo lo expuesto, este Consejo reitera la relevancia de esta decisión asumida por el Municipio de Quito y EXHORTA a sus autoridades a que se extienda hacia la formulación de una política de no utilización de fondos públicos para reproducir actividades que sostienen la violencia simbólica a través de la cosificación de la mujer y re direccionando dichos recursos a la prevención y protección de derechos de las mujeres en todo su ciclo de vida.

 

Gissela Chalá Reinoso   

PRESIDENTA DELEGADA DEL ALCALDE AL CONSEJO

 

 Sybel Martínez Reinoso

VICEPRESIDENTA DEL CONSEJO