Hace un poco más de un mes, un grupo de personas refugiadas y solicitantes de refugio –en su mayoría provenientes de Colombia – se apostó de manera pacífica en los bajos de las oficinas de ACNUR en la ciudad de Quito. Su demanda solicitaba se establezca un proceso de reasentamiento en un tercer país, pues en el Ecuador su seguridad no estaba garantizada debido al asedio de actores armados, quienes fueron los causantes de su desplazamiento.

En la madrugada del 4 de julio, mediante un operativo policial, estas familias fueron retiradas del espacio público y llevadas a dos hoteles de la ciudad. En un inicio este hecho se lo hizo con la finalidad de precautelar la seguridad de las familias – con énfasis a niños, niñas, adolescentes, mujeres embarazadas, personas con enfermedades crónicas y otros grupos – sin el debido proceso de acompañamiento por parte del Gobierno Nacional y las instituciones respectivas.

Lastimosamente tras 8 días, y sin que hayan existido acercamientos de ACNUR – como comprometió en rueda de prensa – así como del Estado ecuatoriano, para buscar satisfacer las necesidades, estas familias han sido obligadas a salir de estos hoteles. Mediante un operativo desmedido, se han apostado grupos de policías antimotines en espacios claves para evitar que las familias continúen con su protesta.

Sumando a retiro de los lugares de alojamiento, las redes sociales dan cuenta que, en uno de estos hoteles, una niña de las familias refugiadas habría sido víctima de una tentativa de violación. Hecho que nos preocupa en extremo.

Con estos antecedentes, y por la obligación que el Estado tiene, como garante de derechos, con las personas en condición de refugio, este Consejo:

  • EXHORTA a la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) a que genere respuestas efectivas y rápidas a las demandas de cada una de las familias retiradas de los hoteles; que se cumpla con los mecanismos de protección que la población desplazada por la violencia requiere, más aún cuando estos son parte de Acuerdos Internacionales.
  • SOLICITA al Estado ecuatoriano, particularmente al Ministerio de Relaciones Exteriores – en calidad de rector de la política de movilidad humana – a que implemente acciones concretas que permitan la aplicación eficiente de los principios de protección a la población refugiada, con énfasis en aquellos compromisos adquiridos a partir de la suscripción del Pacto Mundial de los Refugiados y que busca la implementación de la Convención de 1951, el Protocolo de 1967 y la Declaración de Cartagena.
  • INSTA al Consejo Nacional de Movilidad Humana – en calidad de organismo encargado de la transversalización del enfoque de movilidad humana en las políticas públicas – a que genere espacios de coordinación y articulación con actores públicos y privados, para que den respuestas efectivas, así como a garantizar el acceso a todos los derechos por parte de la población que vive en contextos de refugio.
  • EXIGE a la Fiscalía General del Estado, por ser de conocimiento público, se inicie una urgente investigación sobre el presunto delito de tentativa de violación que ha sufrido una de las niñas de estas familias; que se le pueda brindar a ella y a su familia toda la protección y apoyo que el caso amerita hasta llegar a establecer y sancionar a los autores de este delito.
  • DEMANDA de las unidades judiciales y fiscales que todas las denuncias, que impliquen riesgos a la seguridad de la población refugiada, sea investigada con prolijidad y agilidad, salvaguardando el derecho de las personas víctimas a contar con asistencia integral adecuada en todo momento.

Reiteramos que seguiremos tomando acciones – en el marco de nuestras competencias –  para exigir a las entidades correspondientes que garanticen la protección y el ejercicio de los derechos de la población, en particular de aquellos que por sus condiciones son considerados grupos de atención prioritaria como lo establece nuestra Constitución.

Gissela Chalá Reinoso                                            Sybel Martínez Reinoso

PRESIDENTA DELEGADA DEL ALCALDE            VICEPRESIDENTA DEL CONSEJO