En Sesión Extraordinaria celebrada el pasado 27 de junio, el Pleno del Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito, tuvo conocimiento de las disposiciones emitidas por la Junta Metropolitana de Protección de Derechos-Zona La Delicia respecto a los presuntos casos de vulneración de derechos ocurridos en la Unidad Educativa de las Fuerzas Armadas Colegio Militar N° 1 “Eloy Alfaro” (COMIL).

En este marco, se informó al Pleno que la Junta mencionada – que tiene como función la protección y restitución de derechos individuales y colectivos de niñas, niños y adolescentes del DMQ – ha conocido algunos casos de vulneraciones de derechos contra estudiantes del COMIL y, en ese sentido, dispuso la creación de una Comisión Interventora conformada por delegados/as de:

  • Ministerio de Educación (MINEDUC)
  • Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional (CNII)
  • Consejo Nacional para la Igualdad de Género (CNIG)
  • Secretaría de Derechos Humanos
  • Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito
  • Consejo Consultivo de Derechos de Niñez y Adolescencia del Distrito Metropolitano de Quito
  • Consejo Consultivo de Derechos de Mujeres del Distrito Metropolitano de Quito
  • Red Ecuatoriana de Psicología por la Diversidad LGBTI (REPsiD)
  • Consejo de Defensores de Derechos de Niñez y Adolescencia de la Defensoría del Pueblo

En cumplimiento a lo dispuesto por la Junta, la Comisión Interventora implementó un plan de acción para obtener información y realizar un análisis técnico sobre la situación del COMIL y emitió recomendaciones a ser analizadas por la autoridad en el transcurso del proceso. Cabe destacar que las disposiciones de las Juntas de Protección de Derechos de Niñez y Adolescencia son de acatamiento obligatorio, por tanto, su incumplimiento constituye un delito.

El Pleno del Consejo ha observado con preocupación que durante las últimas semanas han existido cuestionamientos a este proceso en el que participan instituciones y organismos, nacionales y locales, que tienen entre sus atribuciones y fines la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Además, se han generado reacciones hostiles que atentan contra la dignidad de algunos/as integrantes de la Comisión. Estos actos están siendo investigados a fin de identificar a los/as eventuales responsables y exigir que se tomen las medidas correspondientes.

Resaltamos que ningún esfuerzo está de más cuando su objetivo es la defensa de los derechos de la niñez y adolescencia y esto debe ser la prioridad de todas y todos. Hechos como los mencionados, no hacen más que alertar como la racionalidad del capital opera legitimando y naturalizando prácticas violentas, patriarcales, constituyendo una lógica excluyente que ha organizado la sociedad moderna sobre las bases de la dominación y el olvido.

Aclaramos que los procesos que se realizan ante las Juntas de Protección de Derechos no son judiciales sino administrativos y sus Resoluciones constituyen parte del ordenamiento jurídico del país.

En virtud de lo señalado, el Pleno del Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito:

  • RATIFICA SU APOYO a las Juntas Metropolitanas de Protección de Derechos en sus decisiones legítimas, mismas que – de acuerdo a la ley – gozan de autonomía administrativa y funcional.
  • EXHORTA a todas las personas e instituciones a respetar y cumplir las disposiciones emitidas por estas autoridades.
  • RESPALDA las acciones realizadas por la Comisión Interventora.
  • EXHORTA a las autoridades competentes a analizar y asumir las recomendaciones que emita la Comisión Interventora, como un aporte a la política educativa del Distrito Metropolitano de Quito.

Finalmente, hacemos un llamado a las familias y a la sociedad – en general – a contribuir en los procesos que promueven la protección de derechos de los niños, niñas y adolescentes. La ciudadanía tiene el derecho de exigir la información pertinente, oportuna y veraz a las instancias competentes. Destacamos que el mal uso de la información puede repercutir en la correcta comprensión de este proceso y, por tanto, en la protección de este grupo de atención prioritaria.

Gissela Chalá Reinoso

PRESIDENTA DELEGADA DEL ALCALDE

CONSEJO DE PROTECCIÓN DE DERECHOS