En varios países del mundo, entre ellos el Ecuador, el 1 de junio se conmemora el día de los niños y niñas como una oportunidad para recordar y reflexionar sobre sus derechos. Si bien se lo celebra con música, juegos y otras iniciativas, es más importante conmemorarlo con acciones que tiendan a garantizar todos sus derechos y, por ende, a concretar el principio del interés superior del niño y la niña establecido en la Constitución, en la Convención de los Derechos del Niño, en el Código de la Niñez y Adolescencia y en otras normas.
Este día también realizamos una reflexión sobre la realidad de las niñas y niños en el país. De acuerdo al documento “Situación de la niñez y adolescencia en el Ecuador, una mirada a través de los ODS” publicado por el Observatorio Social del Ecuador (2018); “la pobreza infantil por ingresos se ubica en el 30%, la extrema pobreza por ingresos en el 12% y la multidimensional en el 42%”, índices mayores a la media nacional. Esta situación refleja con claridad la gran deuda que el país tiene con la infancia, pues existen limitaciones graves en el acceso a derechos como salud o educación. Por otra parte, es preocupante constatar en reiteradas ocasiones que la niñez y adolescencia en el Ecuador sufren diversos tipos de violencia.
Algunos rostros de la violencia se expresan en las alarmantes estadísticas: el 26% de niñas y niños fueron víctimas de alguna forma de maltrato; el 23% sufre bullying; el 7% soporta otras formas de ciber-acoso; el 55% presenció situaciones de acoso escolar entre estudiantes por ser diferentes; 26% recibe un trato violento por parte de los profesores [1]; éstas entre otras formas de violencia, nos deben mantener alertas sobre las condiciones en las que viven los niños y niñas.
Pero sin lugar a dudas, el incremento de delitos sexuales contra niños y niñas es un tema mucho más grave: de acuerdo a la Fiscalía General del Estado, de las 27.666 denuncias por delitos sexuales ocurridas en el país entre 2015 y 2017, 4.584 se dan en contra de niñas, niños y adolescentes (2.673 de éstos están relacionados al ámbito educativo). De cada 10 víctimas de violación, 6 son niñas, niños y adolescentes y el 65% de casos de violencia sexual son cometidos por familiares. Pese a esto, los procesos de reparación son mínimos, puesto que menos de la mitad fueron a juicio y apenas un 33% recibieron sentencia.
Es alarmante que una de las causas de la impunidad frente a estos delitos sea la falta de credibilidad por parte de las personas adultas cuando las niñas y niños manifiestan ser víctimas de violencia. La fuente antes citada establece que 1 de cada 4 niños y niñas violentada no reportó lo ocurrido y que a 2 de cada 3 no le creyeron cuando lo contó a un adulto. De igual manera, se constata la dificultad de las familias para prevenir y actuar frente al abuso sexual. En algo más de la mitad de los casos (55,6%) la familia se limitó a tomar medidas para evitar que el hecho se repita, y apenas el 15% optó por la denuncia.
Todos estos elementos deben cuestionarnos sobre la protección que estamos dando a nuestros niños y niñas, desde la familia, la sociedad y, por supuesto, el Estado como principal garante de sus derechos.
Como ciudadanos y ciudadanas es nuestro deber cuidar que los derechos de los niños y niñas no sean vulnerados; y que cuando esto suceda sean llevados a las instancias pertinentes.
Las instituciones del Estado -en el marco de sus competencias definidas por la ley- deben cumplir a cabalidad su rol de garantistas de los derechos, ya sea como ejecutores directos de las políticas públicas, como organismos sancionadores de conductas punitivas, como acompañantes en los procesos de resiliencia integral, como creadores de leyes adecuadas a los requerimientos, o con cualquiera de las condiciones para las que han sido creadas.
En nuestro caso, como Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito, reafirmamos nuestro compromiso de continuar emprendiendo acciones que profundicen la participación directa de las niñas y niños y que articulen procesos a fin de mejorar los mecanismos de prevención, protección y restitución de derechos para niñas, niños y adolescentes.
Es un compromiso de todos y todas saldar la deuda que tenemos con la niñez y adolescencia en nuestro país. Es el momento de pasar de las palabras a los hechos que nos permitan “garantizar el disfrute pleno y efectivo de todos los derechos reconocidos por la Convención y el desarrollo holístico del niño”[2]
[1] “Situación de la niñez y adolescencia en el Ecuador, una mirada a través de los ODS” publicado por el Observatorio Social del Ecuador (2018).
[2] Observación General 14 del Comité de Derechos del Niño sobre Intereses Superior del Niño (2013).
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