Quito, 15 de mayo de 2019

Ante la comunicación pública de Fundamedios sobre la presunta violencia ejercida por miembros de la Policía Nacional contra un grupo de mujeres trans que ejercen el trabajo sexual en la ciudad de Quito, el Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito expresa:

Es preocupante confirmar que la prevalencia de patrones socioculturales machistas y patriarcales sigue amenazando y vulnerando los derechos de las mujeres y las diversidades sexo-genéricas de manera sistemática, desde diversas estructuras, impidiendo que seamos una sociedad respetuosa e inclusiva.

Es necesario visibilizar estas inequidades y recordar que el Estado tiene la obligación de implementar acciones que promuevan la igualdad y no discriminación de las personas de diversidad sexo-genérica, a fin de reducir las brechas de desigualdad y garantizar la integralidad de sus derechos, entre ellos, el derecho a vivir una vida libre de violencia.

En virtud de estas obligaciones del Estado ecuatoriano, el Consejo de Protección de Derechos del DMQ:

  • EXIGE al Ministerio del Interior, como ente rector de la política pública de seguridad ciudadana, que investigue los hechos denunciados y asegure que sus procesos y políticas respeten y garanticen los derechos humanos; que hagan énfasis en precautelar los derechos de los grupos de atención prioritaria y personas en situación de vulnerabilidad, en el marco de sus competencias. 
  • EXHORTA a la Policía Nacional que cumpla con su mandato constitucional de “atender la seguridad ciudadana y el orden público, proteger el libre ejercicio de los derechos y la seguridad de las personas”, y que la actuación de sus miembros sea acorde a sus responsabilidades como agentes del Estado. El uso de la fuerza pública debe asegurar, siempre, la protección de las personas, su integridad y dignidad.
  • INSTA a las y los operadores de justicia a que las acciones de investigación y procesales que se realicen sobre estos hechos, además de oportunas, incorporen los enfoques de género y derechos humanos; que se evite la revictimización y garantice una reparación adecuada a las víctimas.
  • INVITA a la Secretaría de Derechos Humanos, Consejo Nacional de la Igualdad de Género, a la Defensoría del Pueblo y todas las instancias de protección de derechos, a pronunciarse y exigir al Estado Ecuatoriano el cumplimiento de las garantías constitucionales de protección de sus habitantes.

Finalmente, este Consejo ratifica su compromiso de proteger los derechos de las personas de diversidades sexo-genéricas, como un recurso indispensable para construir una cultura de paz que promueva el reconocimiento y respeto de la dignidad humana de nuestra sociedad diversa, como base fundamental para el buen vivir.

 

Dra. Sybel Martínez   

Representante de Sociedad Civil

VICEPRESIDENTA CPD

ANTE LAS PRESUNTAS AGRESIONES FÍSICAS Y PSICOLÓGICAS REALIZADAS POR MIEMBROS DE LA POLÍCIA NACIONAL CONTRA CINCO TRABAJADORAS SEXUALES TRANS.pdf