CARTA ABIERTA
El Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito, como institución protectora de derechos humanos, naturaleza y animales, mira con preocupación la publicación del informe “La trata ante el espejo: una aproximación a la explotación sexual en el trabajo esclavo”, replicado por el medio digital Plan V, en el que se deja al descubierto la posible existencia de redes de trata en las provincias de Sucumbíos, Esmeraldas, Carchi e Imbabura, hecho delictivo que se estaría extendiendo también al resto del país, particularmente al Distrito Metropolitano de Quito.
En este contexto, consideramos importante el anuncio realizado hoy 2 de mayo de 2019, por la Dra. María Paula Romo, Ministra del Interior, para que se lleve a cabo una investigación respecto a estas presuntas redes de trata. Sin embargo, como el mismo informe devela presumiblemente estarían involucrados en este delito servidores policiales, judiciales y servidores públicos de seguridad. Por este motivo creemos relevante que la investigación sea acompañada por una veeduría ciudadana al más alto nivel que garantice la transparencia absoluta del proceso investigativo, así como la reparación de las víctimas y la sanción a todos/as los responsables.
La trata con fines de explotación sexual no debe ser vista como un delito aislado pues es un fenómeno criminógeno alrededor del cual se perpetran otros delitos que al materializarse terminan por agravar los anteriores, en una espiral delictiva muy díficil de ubicar en su real dimensión.
La trata con fines de explotación sexual, particularmente en casos de niñas, niños y adolescentes es un tema que afecta la estructura de toda sociedad, al ser una de las peores formas de esclavitud moderna existente. El Estado ecuatoriano por mandato constitucional y legal, tiene la obligación de garantizar procesos para prevenir y erradicar este tipo de delitos, así mismo es responsabilidad del Estado adoptar medidas que proporcionen a las víctimas de trata el acceso a una reparación, así como la protección y el apoyo pertinente.
Este Consejo ratifica su compromiso de trabajar por la protección de derechos de los ciudadanos y ciudadanas y en el marco de sus competencias acompañar este proceso de investigación.
Sybel Martínez
VICEPRESIDENTA DEL CONSEJO DE PROTECCIÓN
DE DERECHOS DEL DMQ
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