Quito, abril 17 de 2019
En días pasados Teleamazonas emitió un reportaje mediante el cual la señora Andrea G. denuncia el presunto caso de abuso sexual cometido en contra de su hija de 5 años de edad, por parte de compañeros de la Institución Educativa Simón Rodríguez. Al respecto, la señora Andrea G. manifiesta que su hija sufrió diversos tipos de agresiones y no ha tenido una respuesta y atención adecuada. En el mencionado reportaje se indica que “(…) las autoridades no cumplieron con el protocolo y tampoco les dieron el acompañamiento que se debe realizar en estos casos”.
En igual forma, durante los últimos meses se ha hecho pública la alarmante persistencia de situaciones de violencia que ocurren en diversas instituciones educativas y sus alrededores, causando gran conmoción en la sociedad, pero sobre todo, en la vida de las víctimas, sus familias y seres cercanos y que reflejan -además- las debilidades de un Sistema de Protección Integral que no logra dar las respuestas de prevención, protección y reparación a las víctimas de tales violencias, a pesar de estar garantizadas en la Constitución y demás leyes nacionales y locales.
Ante estas circunstancias, en cumplimiento de sus competencias, el Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito:
EXHORTA a todas las instituciones que conforman el Sistema de Protección Integral de Niñez y Adolescencia (Art. 341 Constitución de la República del Ecuador, CRE) a proteger y garantizar sus derechos. Recordamos que el Sistema de Protección debe intervenir de manera articulada para precautelar los derechos de las niñas, niños y adolescentes y que, de acuerdo a la Constitución, tanto en el ámbito público como privado, deben recibir atención prioritaria y especializada (Art. 35 CRE).
INSTA a las autoridades nacionales y locales a asegurar que los derechos de los niños, niñas y adolescentes prevalezcan sobre los de las demás personas y que ajusten sus decisiones y acciones para garantizar el efectivo goce del conjunto de sus derechos; que fortalezcan sus procedimientos, medidas y recursos para garantizar una atención y protección especializada y la restitución expedita y efectiva de sus derechos.
EXIGE a las instituciones educativas a proteger y apoyar a sus estudiantes, a combatir la negligencia que permite o provoca situaciones de violencia, de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Es importante recordar que las instituciones educativas son espacios en los que las niñas, niños y adolescentes pasan gran parte de sus vidas, con la expectativa de crecer y se desarrollarse integralmente. En este sentido, el personal administrativo y docente debe actuar oportunamente para prevenir o hacer cesar cualquier amenaza o vulneración de derechos de las niñas, niños y adolescentes, en articulación con las autoridades competentes de investigar y sancionar tales situaciones.
RECUERDA a las familias la responsabilidad directa que tienen en el cuidado y protección de sus hijo/as, así como la obligación de denunciar todo acto de violencia que se produzca en su contra, ya sea en el ámbito familiar o comunitario.
EXHORTA a la ciudadanía a asumir la corresponsabilidad en la protección de la población infantil y adolescente; denunciar los hechos de violencia cometidos en su contra, vigilar y exigir la investigación, sanción y reparación correspondiente.
Como Consejo de Protección de Derechos del DMQ ratificamos nuestro compromiso con la protección de las niñas, niños y adolescentes y seguiremos insistiendo en la obligación que tienen las autoridades -nacionales y locales- de tomar las medidas necesarias y desarrollar las acciones indispensables para el funcionamiento efectivo del Sistema de Protección Integral a este grupo de atención prioritaria.
Dra. Sybel Martínez Reinoso
Representante de Sociedad Civil
VICEPRESIDENTA DEL CPD
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