Es inaceptable que en menos de dos meses se hayan registrado 11 femicidios en el Ecuador, que cada tres días una mujer muera de las formas más crueles y violentas, la mayoría en manos de sus compañeros sentimentales; que un promedio de 11 mujeres sean violadas al día, mientras cada semana 40 niñas dan a luz como resultado del abuso sexual.
La violencia de género y la violencia cometida en contra de niñas, niños y adolescentes, demanda del Estado aunar esfuerzos para prevenirlas y atenderlas a través de una gama de acciones coordinadas que integren estrategias legales, sociales, educativas, judiciales y de salud a fin de reducir los factores de riesgo y aumentar los de protección individual, familiar, comunitaria y social a favor de estos dos grupos de atención prioritaria, con objetivos a corto, mediano y largo plazos.
En este marco, la propuesta de declarar emergencia nacional debido a los altos niveles de violencia que actualmente afectan a los niños, niñas, adolescentes y a las mujeres, corresponde a la búsqueda de una salida a la crisis de seguridad humana, producto de una grave conmoción interna y calamidad pública, que amerita medidas estatales para proteger la vida de las ciudadanas ecuatorianas.
La declaratoria de emergencia cumpliría con los siguientes objetivos a nivel nacional:
a) La asignación de recursos para la prevención, atención y reparación de estos fenómenos sociales violentos vistos como desastres sociales y riesgos antrópicos que afectan el ejercicio de derechos de las mujeres y los niños, niñas y adolescentes ecuatorianos, sobre todo de los derechos a la vida y la integridad.
b) La visibilización de la violencia contra estos dos grupos de atención prioritaria como una calamidad pública que requiere la activación de garantías, el cumplimiento de responsabilidades estatales y la corresponsabilidad social.
c) La activación de los sistemas locales de protección integral a mujeres y niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia, con servicios de calidad, capacidad de cobertura suficiente y con los medios humanos, técnicos y financieros adecuados para poder prevenir, proteger y reparar derechos de forma expedita, eficiente y sostenida.
d) El fortalecimiento del sistema de administración de justicia para resolver los nudos críticos que presenta actualmente en cuanto a número, especialidad, capacitación de jueces, fiscales y servidores judiciales, a fin de volverlo ágil y eficiente en el tratamiento y resolución de las causas, evitando la revictimización de las víctimas de violencia.
e) La garantía de la implementación de mecanismos institucionales de articulación para la planificación, diseño, aprobación, aplicación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas relacionadas a violencia de género y violencia cometida en contra de la niñez y adolescencia, considerando los diversos niveles territoriales.
f) La garantía de transparencia activa y acceso a la información permitiendo la participación, la vigilancia y la fiscalización de la actuación del Estado, por parte de las organizaciones de la sociedad civil.
g) El establecimiento de mecanismos efectivos para presentar quejas y denuncias respecto de las acciones de los organismos y entidades del Estado que prestan servicios directos a estos grupos de atención prioritaria. Estos mecanismos deben ser accesibles, conocidos, seguros, confiables, ágiles y efectivos.
h) El diseño de estrategias de comunicación y programas de sensibilización tendientes a prevenir estos fenómenos sociales violentos tomando en consideración la diversidad cultural y lingüística del país.
i) El fortalecimiento de servicios como el 911 y otros destinados a apoyar y proteger, de manera efectiva, a las víctimas de violencia, garantizando una intervención oportuna, de calidad y calidez.
Cabe recalcar que, a pesar de que en el imaginario social el estado de excepción se relaciona con la limitación de derechos, esta no es una condición indispensable pues el Presidente de la República tiene la capacidad de declararlo sin necesidad de restringir derechos y anunciando las medidas que el país requiera desde la mirada de Seguridad Humana.
Finalmente, coincidimos en la necesidad de suscribir un gran acuerdo nacional que garantice la coordinación intersectorial, la corresponsabilidad social y la cohesión comunitaria, mismo que podrá formar parte de la declaratoria de emergencia.

Dra. Sybel Martínez
Vicepresidenta del Consejo de Protección de Derechos – DMQ

DOCUMENTO COMPLETO: https://proteccionderechosquito.gob.ec/seguridad-humana-declaratoria-emergencia-2/