El Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito, como institución protectora de derechos humanos, naturaleza y animales, mira con preocupación la naturalización permanente de la violencia contra las mujeres; casos como el de Martha, Diana y otras mujeres alrededor de la ciudad y del país, evidencian que este grupo de atención prioritaria no se desarrolla en ambientes sanos, seguros, libres de violencia y con igualdad de oportunidades .

La violencia de género es una clara expresión de las relaciones asimétricas de poder entre hombres y mujeres, relaciones que hasta nuestros días no han podido ser cambiadas. Esto se evidencia en la Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres (INEC, 2011), misma que señala que 6 de cada 10 mujeres han vivido algún tipo de violencia y 1 de cada 4 ha vivido violencia sexual.

A nivel mundial Naciones Unidas señalan que en el año 2012, el autor de la muerte de 1 de cada 2 mujeres fue su compañero sentimental o un miembro de su familia (UN, s/f).

Ecuador, lastimosamente, no es la excepción a esta dolorosa regla, desde el 2014 a enero del 2019, se han registrado 588 denuncias de femicidios, solo en el 2018 se cometieron 88 femicidios. En el 18% de los casos las víctimas tenían boleta de auxilio es decir forman parte del sistema, como Diana que en varias ocasiones solicitó ayuda al 911. Del 2016 al 2019 el 66% de estos crímenes fueron clasificados como femicidios íntimos es decir fueron perpetrados por las parejas y ex parejas sentimentales de las víctimas. El 7% por padres y padrastros. Todos estos execrables crímenes han dejado a 87 niñas, niños y adolescentes en la orfandad, una realidad lacerante e invisible en nuestra sociedad.

La violencia contra la mujer es un fenómeno universal y estructural que no distingue edad, condición económica ni social, tampoco nacionalidad. Pasa en todo país con marcados patrones machistas que hace poco por cambiar estas manifestaciones socioculturales discriminatorias que terminan por subordinar a las mujeres desde que son niñas.

Señor Presidente, cualquier mujer puede ser objeto de actos de violencia por el simple hecho de serlo, la misoginia, el machismo y una sociedad que hace muy poco por cambiar su cultura en materia de violencia constituyen el primer motor para que la violencia de género se produzca constituyendo un obstáculo para alcanzar la igualdad, el desarrollo, la paz y el respeto de los derechos humanos de las mujeres y niñas (UN, s/f), es por ello que, todo abordaje de este fenómeno no puede -y no debe- basarse en la discriminación, xenofobia o en cualquier otra expresión que vulnere los derechos humanos.

En este sentido, el Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito, en sesión ordinaria del 21 de enero del 2019, resolvió SOLICITAR al Señor Presidente de la República Lcdo. Lenin Moreno Garcés, que en base a lo establecido en la Constitución, normativa vigente y a los instrumentos internacionales que ha ratificado el país, RECTIFIQUE EL PRONUNCIAMIENTO expuesto el 20 de enero del presente año, en el que indica, cuenta @Lenin “…he dispuesto la conformación inmediata de brigadas para controlar la situación legal de los inmigrantes venezolanos en las calles, en los lugares de trabajo y en la frontera. Analizamos la posibilidad de crear un permiso espacial de ingreso al país…”   ya que contribuye a reforzar posiciones discriminatorias hacia las personas en situación de movilidad humana, invisibilizando las causas reales y estructurales de la violencia contra las mujeres.

Requerimos a usted señor Presidente, que la migración de personas de nacionalidad venezolana sea abordada como lo que es, una crisis migratoria abierta y atípica que demanda de los Estados en general y del nuestro en particular la emisión de políticas públicas migratorias flexibles e igualitarias, que acojan, apoyen, ayuden y protejan a nuestros hermanos venezolanos, evitando, en todo momento, la toma de medidas diferenciadas y discriminatorias como lo es el pasado judicial apostillado, decisión que  en el año 2017 fue declarada como discriminatoria por parte de la Corte Constitucional cuando se solicitó este mismo documento en el 2010 a personas de nacionalidad colombiana, por lo que de persistir en esta medida se estaría creando un “doble estándar“ atentatorio a los Derechos Humanos de los inmigrantes venezolanos.

Este Consejo ratifica su compromiso con la protección de derechos de los ciudadanos y ciudadanas migrantes, cualquiera sea su nacionalidad, en el marco de una convivencia pacífica y constructora de una vida digna para todos.

 

Sybel Martínez

VICEPRESIDENTA DEL CONSEJO DE PROTECCIÓN

DE DERECHOS DEL DMQ