Ante el brutal acto de violencia sexual cometido por tres “hombres” en contra de una joven mujer en un bar de la ciudad, que demuestra una vez más la inseguridad, el abuso de poder y la situación de riesgo que viven la mayoría de mujeres frente a sus “amigos”, parejas, familiares o extraños, el Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito expresa su rechazo enfático a este nuevo caso de crueldad producto de las concepciones machistas, sexistas, patriarcales que dominan aún las relaciones hombre-mujer en nuestra sociedad, lo cual no sólo constituye un delito sino un retroceso en derechos y en el reconocimiento de la dignidad humana.

Dado el grave impacto que la violencia de género tiene en el Ecuador es un mandato constitucional garantizar el derecho a la integridad personal, prohibir todo procedimiento inhumano, degradante o que implique violencia física, psicológica, sexual, o coacción moral, debiendo adoptarse las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia contra la mujer, de acuerdo a la Constitución de la República del Ecuador, los Tratados internacionales, la Ley orgánica integral para la prevención y erradicación de la violencia de género contra las mujeres, entre otras. En este contexto, en cumplimiento de sus atribuciones, este Consejo EXHORTA:

  • A la Función Judicial, para que en este -y en todos los casos de violencia de género- se proceda con la celeridad, efectividad y justicia que requieren las mujeres víctimas de este delito, observando el enfoque de género, la interseccionalidad, garantizando su no-revictimización, así como la reparación integral de todos los derechos violentados y la no impunidad de los responsables.
  • A la Secretaría de Derechos Humanos, como ente rector del Sistema de Protección a Mujeres víctimas de violencia para que desarrolle todos los instrumentos de política pública para la prevención, protección y reparación de derechos a este grupo poblacional.

A la ciudadanía en general, para que reflexione que. la violencia sexual es una de las manifestaciones más claras de los mandatos sociales y las tradiciones de una cultura patriarcal que alienta a los hombres a creer que tienen el derecho a controlar el cuerpo y la sexualidad de las mujeres desde que son niñas.  Es imperante tomar conciencia que la violencia en cualquiera de sus manifestaciones deshumaniza y se connaturaliza tanto con la miseria humana que nos vuelve incapaces de apiadarnos del dolor ajeno por ello la importancia de generar cambios desde la cotidianidad a través de acciones que consideren el respeto de los demás y el reconocimiento de la dignidad humana a todas las personas por igual.

  • A las mujeres víctimas de violencia en cualquiera de sus formas y manifestaciones, para que venzan el miedo, rompan el silencio y no se abstengan de rechazar, censurar y denunciar toda conducta que menoscabe su dignidad humana, coadyuvando así a erradicar los patrones socioculturales discriminatorios que las descalifican y muchas veces las culpabilizan. Es importante que conozcan las rutas de denuncia y atención en casos de violencia.
  • A las demás funciones estatales, para que a través de sus instituciones cumplan con los instrumentos internacionales de derechos humanos, la Constitución y demás normativa que consagra la obligación de los Estados de asegurar el ejercicio y goce de los derechos de las personas, atendiendo a su dignidad humana, en condiciones de igualdad y no discriminación. En ese sentido, es importante aunar esfuerzos en la articulación y coordinación interinstitucional para actuar no sólo en la protección y restitución de los derechos de las mujeres víctimas de violencia, sino en la prevención a través de la promoción y difusión de sus derechos, en el marco de respeto, solidaridad, reconocimiento, igualdad y no discriminación.

Finalmente, este Consejo ratifica su compromiso de trabajar día a día, con compromiso y efectividad, en la protección de los derechos de las mujeres, así como de otros grupos de atención prioritaria o en vulnerabilidad y de la ciudadanía en general, como un recurso indispensable para construir una cultura de paz que promueva el reconocimiento y respeto de todos los derechos para todas las personas.

Dra. Sybel Martínez                                                         

VICEPRESIDENTA CONSEJO DE PROTECCIÓN DE DERECHOS – DMQ

Representante de Sociedad Civil