El 4 de diciembre de 2000 la Asamblea General de las Naciones Unidas,  “teniendo en cuenta el número elevado y cada vez mayor de emigrantes que existe en el mundo, alentada por el creciente interés de la comunidad internacional en proteger efectiva y plenamente los derechos humanos de todos los migrantes, y destacando la necesidad de seguir tratando de asegurar el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos los migrantes, decide proclamar el 18 de diciembre Día Internacional del Migrante”.

En la última década, el fenómeno de la migración en nuestro país se ha vuelto más complejo debido, principalmente, a un crecimiento de la migración, así como del número de ecuatorianos y ecuatorianas que regresan. Estas personas llegan al país -en muchos casos- en una situación precaria, lo que las pone en condición de alta vulnerabilidad.  La causa de esto responde, sobre todo, de factores relacionados con las crisis económicas de los países de origen y las políticas públicas migratorias de los gobiernos de los países que generalmente eran considerados como de destino o tránsito.

Estas condiciones determinan altos niveles de vulnerabilidad y riesgo, especialmente cuando se trata de personas en situación de pobreza, que no tienen documentos y, más aún, cuando se encuentra en juego su seguridad, integridad física y/o familiar.

De acuerdo con el último Censo de Población y Vivienda (INEC, 2010), a nivel nacional, se registra 30133 migrantes de 157 naciones del mundo. 75% de esta migración se concentra en Quito; 48,6% proviene de Colombia. Además, en estos últimos años se percibe un aumento muy significativo constante de población migrante proveniente de otros países: Cuba, Venezuela y Haití, por ejemplo. Todos ellos llegan al país en condiciones de alta vulnerabilidad, lo que determina el nivel de importancia de esta problemática en la ciudad.[1]

Han existido avances importantes en cuanto a la generación de normativa para la protección de los derechos de las personas en movilidad humana; sin embargo, queda un largo camino por recorrer para lograr una garantía real de sus derechos y cumplir lo consagrado en la Constitución de la República del Ecuador, como el principio de la ciudadanía universal y la libre movilidad. En este sentido, el Estado tiene un rol fundamental, porque debe generar las condiciones normativas, técnicas y presupuestarias necesarias para garantizar la protección de los derechos de este grupo poblacional.

El Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito, en cumplimiento de sus atribuciones para la protección de los derechos de los grupos de atención prioritaria y en situación de vulnerabilidad, de manera articulada con el Consejo Consultivo de Movilidad Humana promueven el cumplimento de la agenda construida en funciones de las necesidades de esta población. Link de descarga: http://manthra.name/compina/adjuntos/agendas/4_MOVILIDAD_HUMANA.pdf

En este contexto, entre otras acciones, el Consejo de Protección de Derechos ha lanzado la estrategia de sensibilización ciudadana “Si tú cambias, todos cambiamos” donde uno de los ejes es precisamente resaltar el fenómeno migratorio,  procurando la protección de los derechos de la población en situación de movilidad humana.  Link de descarga:   https://www.facebook.com/DerechosQuito/videos/309348523248926/

Desde el Consejo de Protección de Derechos hacemos un llamado a las organizaciones sociales y comunitarias, a las instituciones privadas y públicas, a la ciudadanía en general a sumarse a los esfuerzos a favor de los derechos de las personas en movilidad humana.

 

[1]CPD.(2017). Agenda de protección de derechos de personas en situación de movilidad humana. Quito, pp5-8.