En estos últimos años en América Latina se ha visibilizado con mayor fuerza la denuncia de la violencia ejercida contra la mujer, y la demanda por cambios estructurales que garanticen la vida de este grupo mayoritario. En el Ecuador varias iniciativas de los movimientos de mujeres dieron pasos importantes en las últimas décadas para que, en la actualidad, nuestro país no sea la excepción.

Las formas de violencia son variadas, la exigencia por los derechos de las mujeres también es diversa. Tenemos la lucha por los derechos de las niñas y las adolescentes, mismas que desde tempranas edades son víctimas de distintos tipos de violencia, desde el acoso y el abuso sexual hasta la maternidad forzada, la desaparición y el femicidio; en la mayoría de estos casos los agresores son hombres de los entornos más cercanos, lo cual sugiere que ni los espacios privados, ni los espacios públicos son seguros para las mujeres. Por ello se requiere que los esfuerzos por erradicar la violencia contra las mujeres tengan resultados en espacios públicos y privados.

Un logro reciente ha sido la tipificación del femicidio como delito en el Código Integral Penal, avance de derechos para las mujeres en el Ecuador que data del año 2014. Otro avance importante al respecto fue la aprobación de la Ley Orgánica Integral para la Prevención y Erradicación de la Violencia de Género Contra las Mujeres, vigente desde el 5 de febrero de este año, y que exige múltiples esfuerzos y compromisos institucionales para lograr la correcta aplicación de la misma.

Las reivindicaciones son por los derechos de todas, sin embargo también es necesario considerar aquellas inequidades y discriminaciones que intensifican la situación de vulnerabilidad para algunas mujeres o grupos de mujeres. La Agenda de Protección de Derechos de Mujeres del DMQ (APD-DMQ) por ejemplo menciona que las mujeres indígenas y afroecuatorianas son quienes sufren violencia física, sexual y psicológica en mayor porcentaje. En esta condición también están las mujeres transgénero, que según la Red Lactrans, son quienes se encuentran en mayor riesgo de ser violentadas. Por otro lado, las mujeres adultas mayores que, según la encuesta SABE I, son quienes sufren más negligencia y la violencia psicológica. Finalmente, las mujeres con discapacidad, para quienes no se cuenta aún con mecanismos idóneos de prevención y abordaje de situaciones de violencia (APD-DMQ), lo que incidiría en mayores situaciones de abuso sexual hacia mujeres con discapacidad, la mayoría de ellas tienen a su primer hijo entre los 15 y los 19 años.

Estos son sólo unos aspectos de la violencia que transversaliza a la mayoría de   mujeres de todas las edades, condición socioeconómica, etnia, edad, ubicación geográfica; por ello es necesario continuar incidiendo para que las políticas, normas y cambios culturales se concreten en acciones de respeto, promoción y protección de los derechos de las mujeres de nuestro país.

Desde el Consejo de Protección de Derechos continuaremos abonando para conseguir este objetivo:¡NI UNA MENOS!