Cada 18 de septiembre nos recuerda una realidad que trasciende cifras: las mujeres ganan 77 centavos mientras que los hombres ganan un dólar ante un trabajo igual, según Naciones Unidas. Esta fecha nos convoca a reflexionar sobre una de las discriminaciones más persistentes y silenciosas que enfrentan las mujeres en el ámbito laboral.

La brecha salarial no es solo una cuestión económica, es un síntoma de desigualdades estructurales profundamente arraigadas en nuestras sociedades. A nivel global se estima que las mujeres ganan un 20% menos que los hombres, y esta diferencia se agudiza cuando se presentan otras formas de discriminación: las mujeres indígenas, afrodescendientes, con discapacidad o en situación de movilidad humana, enfrentan brechas aún mayores.

En Ecuador, donde nuestra Constitución consagra el principio de igualdad salarial, persisten prácticas laborales que perpetúan estas disparidades. Las mujeres cumplen trabajos, en su mayoría, informales, de medio tiempo o temporales, debido a que se les delega además, labores de cuidado y crianza. También ocupan sectores históricamente menos valorados y peor remunerados. Esta realidad no solo afecta sus ingresos presentes, sino que determina pensiones más bajas, ausencia de jubilaciones, por lo que sufrirán mayor vulnerabilidad económica en la vejez, perpetuando un círculo de desigualdad que atraviesa generaciones.

El Consejo de Protección de Derechos del DMQ, como parte del Sistema de Protección Integral, reconoce que la igualdad salarial no es solo un derecho laboral, sino un derecho humano fundamental que habilita el ejercicio de otros derechos. Desde nuestro trabajo impulsamos estrategias para visibilizar estas brechas y promover políticas públicas que garanticen no solo el acceso de las mujeres al empleo, sino condiciones laborales dignas e igualitarias. La igualdad salarial es una inversión en justicia social que beneficia a toda la sociedad, porque cuando las mujeres prosperan económicamente, las familias y comunidades enteras se fortalecen.

Este 18 de septiembre es una oportunidad para que empleadores, instituciones públicas y la ciudadanía en general asuman un compromiso activo: evaluar las prácticas salariales, implementar sistemas transparentes de remuneración y desafiar los sesgos que siguen limitando el potencial económico de las mujeres. La igualdad salarial no es una concesión, es un derecho de urgente cumplimiento.