Quito, 13 de enero de 2021

A través de redes sociales, este Consejo de Protección de Derechos tuvo conocimiento de un hecho que se habría suscitado en una clase virtual de medicina de la Universidad Central del Ecuador, en donde se evidencia con claridad el ejercicio abusivo de poder por parte del docente universitario mismo que con expresiones agresivas, violentas y machistas gritaba e intimidaba a una de sus estudiantes frente a las y los demás estudiantes.

Así mismo, tuvimos conocimiento que los estudiantes de la Carrera de Química Farmacológica de la Universidad Central del Ecuador denunciaron al docente de la Facultad de Medicina por incurrir en actos de violencia de género, específicamente por realizar conductas abusivas dirigidas a intimidar, creando así un entorno ofensivo, hostil y humillante para la víctima”.  Sin duda alguna, hechos como este resultan indignantes puesto que la Academia -como espacio formativo- debería estar libre de este tipo de prácticas violentas, misóginas y machistas.

La segunda encuesta nacional  sobre relaciones familiares y violencia de género contra las mujeres publicada por el INEC en  noviembre del  2019 establece que el 59.6% de las mujeres han sido víctimas de violencia psicológica durante toda su vida, el 19, 2% de mujeres menciona que han sido víctimas de violencia en el ámbito educativo.

El Art 66, literal 3, de la Constitución del Ecuador reconoce y garantiza a las personas el derecho a tener una vida libre de violencia; con la expedición de la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres se propone la transformación de los patrones socioculturales y la erradicación de prácticas que naturalizan la violencia contra las mujeres, tanto en el espacio privado como público.

De este modo, resulta indignante que frente a la evidencia de este tipo de maltrato, el responsable presente la renuncia con carácter de irrevocable al cargo de profesor en la Universidad Central del Ecuador, ya que lejos de reconocer su actitud violenta justifica su actuación, como ya es costumbre en este tipo de hechos, atribuyéndole la responsabilidad a la víctima.

Por lo expuesto, el Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito, en cumplimiento de sus competencias y atribuciones:

EXHORTA Al Estado a cumplir con su rol de garante de derechos conforme establece la Constitución del Ecuador y demás instrumentos internacionales que ha suscrito para erradicar todas las formas de violencia en contra de las Mujeres.

SOLICITA a la Universidad Central del Ecuador se inicie el procedimiento administrativo correspondiente, como lo establece la Ley Orgánica de Educación Superior, el Estatuto y Reglamento Interno de la Universidad, independientemente de la renuncia presentada por el docente.

Así también, insta a que se tomen las medidas necesarias en la Universidad para el tratamiento de este caso, que las intervenciones sean oportunas y transparentes, y se reconozca que no se trata de un hecho aislado sino de un tema generalizado que debe enfrentarse desde su origen dentro del sistema educativo. Conforme establece el Protocolo General para la Prevención, Atención y Sanción de los Casos de Violencia Sexual y de Género, no se revictimice a la estudiante violentada  y se garantice la protección a todos los estudiantes que han denunciado públicamente este lamentable hecho ante las autoridades universitarias.

REQUIERE al CEACES que, en función de sus competencias, implemente programas de prevención de violencia para que sean asumidos por todas las autoridades universitarias, docentes, personal administrativo de las distintas Instituciones de Educación Superior.

RECONOCE el accionar de las y los compañeros de la estudiante afectada quienes han realizado la respectiva denuncia a las autoridades de la Universidad Central. Este acto de corresponsabilidad aporta en la transformación de los patrones machistas de conducta que predominan en la sociedad y contribuye a desnaturalizar la violencia generalizada.

PIDE a la ciudadanía que no acepte ni justifique ningún tipo de violencia y, por el contrario, demande de todas las instituciones públicas o privadas, sobre todo de las llamadas a garantizar derechos, como son las educativas, relaciones libres de violencia.

El Consejo de Protección de Derechos recuerda el mandato constitucional que dispone precautelar los derechos toda la población, en especial de los grupos de atención prioritaria y de quienes se encuentran en situación de exclusión y/o vulnerabilidad, en este contexto estaremos vigilantes de que no se vulneren los derechos y se garantice la protección de las y los estudiantes que han asumido una posición consecuente frente ha este tipo de hechos violentos contra las estudiantes.

Gissela Chalá Reinoso

PRESIDENTA DELEGADA DEL ALCALDE AL CPD

 

Sybel Martínez Reinoso

VICEPRESIDENTA REPRESENTANTE DE LA SOCIEDAD CIVIL AL CPD

 Documento: PRONUCIAMIENTO PDF