El Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito, en el mes de abril del presente año, ya alertó de la falta de suscripción de convenios y la asignación de recursos al Ministerio de Inclusión Económica y Social, por parte del Ministerio de Economía y Finanzas.

En estos días, este Consejo entregó 24 computadoras a cinco casas de acogida para niñas, niños y adolescentes. Esta donación se realiza en el contexto de la situación crítica que vive el país y que no solo afecta a las familias de escasos recursos económicos y en pobreza, que no disponen de recursos suficientes para dotar a sus hijos e hijas de medios tecnológicos para que puedan continuar con sus estudios regulares en la modalidad virtual, sino que también ha pasado factura a estos centros de acogimiento institucional.

Durante la visita a estos centros se evidenció algunos hechos que preocupan profundamente a este Consejo ya que la falta de atención y diligencia oportuna estarían poniendo en riesgo el derecho a una vida digna de las niñas, niños y adolescentes que en ellos se encuentran. Entre las constataciones realizadas en una casa de acogida -de atención directa del MIES- se evidencia la falta de recursos para asegurar la alimentación suficiente y necesaria de las niñas y niños; a decir del personal, los alimentos disponibles (leche, frutas) son el resultado de donaciones; sin embargo, no se cuenta con verduras, legumbres, cárnicos, huevos y demás alimentos básicos que garanticen a los niños su adecuada nutrición; por otra parte se conoció también que no se les han realizado las pruebas PCR, pese a que existieron niños contagiados en dicho centro.

De igual forma, durante el recorrido realizado, otras casas de acogida en convenio con el Ministerio de Inclusión Económica y Social, informaron sobre la falta de transferencias económicas por parte de esta cartera de Estado, situación que dificulta su adecuado funcionamiento; por lo que se encuentran realizando gestiones con la comunidad para garantizar no solo la alimentación sino también la educación de las niñas, niños y adolescentes que viven en estos centros. Adicionalmente, si bien existen equipos técnicos que continúan prestando sus servicios de manera comprometida no se les ha cancelado sus haberes por concepto del trabajo que realizan, lo cual también constituye una vulneración de derechos.

La realidad descrita no solo se presenta en las casas de acogimiento institucional sino también en los demás servicios relacionados con el cuidado infantil, la asistencia a personas con discapacidad, adultos mayores y demás servicios de protección especial, evidenciándose una clara vulneración de derechos, tanto a los grupos de atención prioritaria como a las trabajadoras y trabajadores que prestan sus servicios en estos servicios, incumpliendo con lo estipulado en nuestro ordenamiento jurídico nacional vigente y en los instrumentos internacionales.
Al respecto, la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 11, dispone que el contenido de los derechos se desarrolle de manera progresiva a través de jurisprudencia y políticas públicas; por lo que el Estado generará y garantizará las condiciones necesarias para su pleno reconocimiento y ejercicio. Será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los derechos.

También señal, en su artículo 35, que: “Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad”.

Igual de mandatorio es el artículo 44 de la Constitución que establece: “El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas”; esto en concordancia con lo previsto en el Código de la Niñez y Adolescencia que establece el deber del Estado de garantizar los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes con el fin de lograr su desarrollo integral y el disfrute pleno de los derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico ecuatoriano.
Adicionalmente, el artículo 11 de la norma ibidem, sobre el interés superior del niño, estipula: “El interés superior del niño es un principio que está orientado a satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes; e impone a todas las autoridades administrativas y judiciales y a las instituciones públicas y privadas, el deber de ajustar sus decisiones y acciones para su cumplimiento (…)”.
Por todo lo expuesto, que es una muestra desgarradora del desmantelamiento del Estado Constitucional de Derechos, en el marco de sus atribuciones y competencias, el Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito:

EXHORTA al Estado a que cumpla con su rol de garante de derechos, especialmente de las personas pertenecientes a los grupos de atención prioritaria; de acuerdo a lo que establece la Constitución del Ecuador y demás normativa vigente, recordando que niñas, niños y adolescentes son prioridad absoluta para el Estado.

EXIGE al Gobierno Central privilegiar la asignación de recursos para la atención y defensa de los derechos humanos fundamentales y no para el pago de la deuda.

INSTA al Ministerio de Inclusión Económica y Social a tomar urgentemente las medidas necesarias para garantizar la oportunidad y calidad en la prestación de todos sus servicios, especialmente en aquellos que son de administración directa; es inconcebible que en un Estado Constitucional de Derechos y Justicia los niños estén dispuestos a dejar un juguete a cambio de un pan.

REQUIERE al Ministerio de Finanzas que realice la transferencia de los recursos para el funcionamiento adecuado de estos servicios, la demora en las asignaciones pone en riesgo la integridad de las personas, en especial de las niñas, niños y adolescentes que en ellos se encuentran, vulnerando también los derechos de las y los trabajadores que prestan sus servicios en estos centros.

INVITA a la Asamblea Nacional a cumplir con su rol fiscalizador, especialmente en lo referido a la garantía y protección de derechos de los grupos de atención prioritaria y más aun tratándose del desarrollo integral de nuestros niños, niñas y adolescentes.

INSTA a los Consejos Nacionales para la Igualdad a velar por los derechos de los grupos de atención prioritaria a los cuales representan, esto en cumplimiento de sus competencias institucionales.

REQUIERE a la Defensoría del Pueblo que actúe en el marco de sus competencias para garantizar que no se vulneren los derechos de niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores y personas con discapacidad, así como de las trabajadoras y trabajadores de los servicios de atención directa y en convenio con el Ministerio de Inclusión Económica y Social

RECONOCE a la ciudadanía sus expresiones de solidaridad frente a la situación de estos centros; no obstante, al tratarse de derechos ciudadanos, le corresponde al Estado garantizar, todos los días, el funcionamiento óptimo de sus servicios; por lo que convocamos a estar vigilantes de que se transfieran los recursos necesarios y que los servicios funcionen adecuadamente.

El Consejo de Protección de Derechos seguirá vigilante de todas las acciones y omisiones que pongan en riesgo la vida y la integridad de los grupos de atención prioritaria; así como de las decisiones que pudieran significar una retaliación frente a los hechos constatados por este Consejo.

Gissela Chalá Reinoso                       Sybel Martínez Reinoso
PRESIDENTA DEL CPD DMQ               VICEPRESIDENTA DEL CPD