En estos días de emergencia nacional, el Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito -a través de redes sociales- ha tenido conocimiento de denuncias ciudadanas sobre la terminación laboral injustificada a muchos trabajadores y trabajadoras por parte de determinados empleadores. En las denuncias se señala que estas empresas no justificarían claramente el motivo del despido, y que las liquidaciones que estarían recibiendo los/as trabajadore/as no se ajustan a lo que legalmente les correspondería percibir.

Vale señalar que estos hechos suceden a pesar de que recientemente el Presidente de la República señaló que durante esta emergencia no se puede despedir a nadie, y de que el Ministerio del Trabajo emitió normas expresas que permiten modificar o suspender la jornada laboral, pero que no legalizan, de manera alguna, la terminación laboral injustificada por motivo de la emergencia sanitaria por la que está atravesando el país.

Los Acuerdos Ministeriales No. MDT-2020-077 y su reformatorio MDT-2020-080, contienen las Directrices para la aplicación de la reducción, modificación o suspensión emergente de la jornada laboral durante la declaratoria de emergencia sanitaria. Y, tal como indica el artículo 3 del primer Acuerdo, la adopción de estas medidas tiene el “fin de garantizar la estabilidad de los trabajadores”, más allá de las medidas que se adopten sobre la jornada laboral.

La Constitución de la República del Ecuador (art. 326), los Tratados Internacionales, el Código del Trabajo, entre otras normas y leyes, señalan de manera expresa los principios por los cuales se rige el derecho al trabajo, entre los que se puede mencionar que son irrenunciables e intangibles (num. 2).

Adicionalmente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) han emitido recomendaciones específicas en el ámbito laboral para la protección de los/as trabajadore/as. La CIDH ha señalado la importancia de que las empresas puedan respetar los derechos humanos y mantengan un “comportamiento ético y responsable” por el impacto de sus decisiones. De tal forma, la CIDH recomienda que “las políticas y ajustes realizadas” por las empresas “deben priorizar su responsabilidad de respetar los derechos humanos, particularmente los derechos laborales”[1].

Por su parte, la OIT ha indicado sobre el impacto de esta emergencia sanitaria mundial en el ámbito laboral y ha señalado que existen tres pilares fundamentales basados en las Normas Internacionales del Trabajo para combatir la pandemia, los cuales son: la protección de trabajadores en el lugar de trabajo, el fomento de la actividad económica y la demanda de la mano de obra, y el apoyo al empleo y el mantenimiento de ingresos. Dentro de estos pilares, la OIT promueve medidas encaminadas a conservar el empleo (mediante la reducción de la jornada o bajas remuneradas), la adopción de acuerdos laborales y el apoyo estatal en el ámbito fiscal y en la ampliación de la seguridad social.[2] Adicionalmente, el Director de esta Organización, Guy Ryder, ha señalado que un diálogo activo entre empleadores/as y trabajadores/as, así como el respeto a las Normas Internacionales del Trabajo, son herramientas fundamentales que permiten mitigar daños, reestablecer la confianza en este tiempo de crisis, con la finalidad de reducir al máximo los perjuicios hacia las personas.[3] Así, el accionar estatal y, especialmente, el empresarial deben estar encaminados a tomar todas las medidas pertinentes que se constituyan en una una obligación éticamente comprometida con el respeto de los derechos humanos de la sociedad en general, incluyendo trabajadores y trabajadoras.

Privarle del sustento a una persona que legítimamente puede acogerse a alguna modalidad de teletrabajo o a la modificación de su jornada laboral, implica que su economía se vea aún más afectada y que sus derechos laborales sean irrespetados. Más aún, si la terminación de la relación laboral no respeta el pago de todas las obligaciones e indemnizaciones que legalmente le corresponden al trabajador o trabajadora. Es responsabilidad del Estado regular, controlar y exigir que se cumpla con los derechos laborales establecidos en la normativa nacional y en los tratados internacionales de los cuales el Ecuador es suscriptor.

Pero, más allá de los aspectos (i) legales de estas medidas, desde una mirada ética, moral y humana, la decisión de dejar sin trabajo a cientos de jefes y jefas de hogar es una acción que no se compadece con los duros momentos que estamos viviendo como seres humanos, como familias y como sociedad. Esto no sólo agrava las condiciones económicas de las familias afectadas -entre cuyos miembros seguramente se encuentran niñas, niños, adolescentes, adultos/mayores- sino que les deja en total indefensión frente a la pandemia y que tendrá un impacto devastador luego de la emergencia sanitaria.

En este contexto, en el marco de sus atribuciones y competencias, el Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito:

EXHORTA al Estado a cumplir con su rol de garante de derechos de las y los trabajadores, conforme establece la Constitución y demás normativa nacional e internacional.

EXIGE al Ministerio del Trabajo que, a través de sus Inspectorías, realice los controles pertinentes a los empleadores y verifique la legalidad de estas acciones y que, en caso de no serlas, proceda con las acciones administrativas y legales pertinentes para la reparación de los derechos vulnerados. Igualmente, que se adopten las disposiciones normativas pertinentes que impidan la terminación de la relación laboral mientras dure esta emergencia sanitaria y se garantice el derecho al trabajo.

INSTA a los empleadores a actuar de manera solidaria, en el marco del respeto a los derechos humanos y de un compromiso social y ético, acorde con la gravedad de la emergencia que estamos enfrentando. A que las medidas que adopten sean las que mejor garanticen los derechos de sus trabajadores y trabajadoras, y que se lo haga en el marco del respeto absoluto de las disposiciones legales vigentes.

SOLICITA a la Defensoría del Pueblo levantar todas las denuncias de trabajadoras y trabajadores cuyos derechos hayan sido vulnerados para que, en el marco de sus competencias, realice las acciones correspondientes para cesar o impedir estos hechos.

El Consejo de Protección de Derechos de Quito se encuentra alerta y vigilante de estas situaciones y convoca nuevamente a que en estos duros tiempos por la emergencia sanitaria podamos, como sociedad, apoyarnos solidariamente para la mejor garantía de los derechos fundamentales de todas las personas, sobre todo de los derechos a la salud, al trabajo, a la integridad física, psicológica, emocional, y a la vida de todos y de todas.

 

Gissela Chalá Reinoso                                                                               Sybel Martínez Reinoso

                                     PRESIDENTA DEL CPD DMQ                                                   VICEPRESIDENTA DEL CPD

 

[1] CIDH. La CIDH y su REDESCA instan a asegurar las perspectivas de protección integral de los derechos humanos y de la salud pública frente a la pandemia del COVID-19. Comunicado de Prensa No. 060/20, del 20 de marzo del 2020. Link: http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/060.asp

[2] OIT. El COVID-19 y el mundo del trabajo: Repercusiones y respuestas. 18 de marzo del 2020 Link: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—dgreports/—dcomm/documents/briefingnote/wcms_739158.pdf

[3] OIT. COVID-19: Proteger a los trabajadores en el lugar de trabajo – El COVID-19 podría cobrarse casi 25 millones de empleos en el mundo, afirma la OIT. Comunicado de prensa del 18 de marzo del 2020. Link: https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_738766/lang–es/index.htm