La foto que ha sacudido al mundo en los últimos días nos muestra a Valeria, una pequeña
niña, y a su padre Oscar -de nacionalidad salvadoreña- abrazados, sin vida, en una orilla
del río Bravo (frontera entre Estados Unidos y México). Pero esta foto, además del hecho
en particular, nos muestra con absoluta crudeza el drama de las crisis migratorias que están
sucediendo en varios países del mundo por factores como guerras promovidas por
Occidente, bloqueos y sanciones económicas, conflictos étnicos y religiosos, entre otros.

La muerte de estas personas – que lastimosamente se suman a las de miles en diferentes
fronteras – evidencia quién es responsable de las mismas: el capital y los Estados que
recrudecen las medidas migratorias, generan ambientes para la criminalización de las
personas y vulneran todos los derechos humanos de quienes tienen que migrar, empujados
por la violencia, la crisis, la pobreza y exclusión que se vive en sus países de origen.

En el caso específico de Oscar y Valeria, eran parte de una de las tantas caravanas
migrantes que han salido desde diversos países de Centroamérica. Esperaban en el lado
mexicano de la frontera por más de dos meses con la esperanza de que el gobierno de
Estados Unidos respondiera a su solicitud de asilo; y, al no tener respuesta, tomaron una
de las medidas más drásticas y difíciles para una familia (cruzar la frontera por uno de los
pasos irregulares). El resultado, sin duda no esperado por ellos, fue su muerte.

Por lo triste e inhumana de la situación de la población migrante, nos sumamos a la serie
de llamados que desde diversas partes del mundo se han dado para que todos los países,
principalmente aquellos que somos punto de tránsito o destino de migrantes forzados, de
personas desplazadas debido a diversas formas de violencia y conflictos, así como
aquellos países de destino, curiosamente “abanderados” en la democracia y justicia;
amparen sus derechos.

Que las normas, los procedimientos administrativos (mucho más cuando se requiera
garantizar el estatus de protección internacional a las personas), y el acceso a los derechos
se ajusten a los compromisos que en esta materia han firmado la gran parte de los países
(Convención sobre Derechos de Refugiados y su Protocolo; la Convención de los Derechos
de los Trabajadores Migratorios y sus Familias; entre otros).

Creemos que los organismos internacionales como Naciones Unidas y la OEA (del cual
Estados Unidos también es parte), deben realizar un reclamo profundo sobre estos hechos
y exigir los cambios necesarios para que no sucedan en ninguna frontera de la región y del
mundo; y que, al contrario, se garantice el derecho a la libre movilidad de las personas.

Es importante que a través de los canales adecuados se viabilicen las recomendaciones
emitidas por el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular y el Pacto
Mundial sobre los Refugiados; en los cuales se establecen propuestas para mejorar las
condiciones de vida de la población que se encuentra en situación de movilidad humana.

En este marco – y al ser Ecuador Presidente y anfitrión del próximo Foro Global de
Migración y Desarrollo – exhortamos a los organismos correspondientes, a sus

autoridades, academia y ciudadanía – en general – a propiciar un debate que desde el
enfoque de derechos humanos garantice los principios de ciudadanía universal y protección
prioritaria a la población migrante, desplazada y refugiada.

Gissela Chalá Reinoso
PRESIDENTA DELEGADA DEL ALCALDE
CONSEJO DE PROTECCIÓN DE DERECHOS